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El evento se realizó el 18 de junio pasado en Chapultepec. El Presidente de la Suprema Corte Mexicana Luis María Aguilar Morales, acompañado del Titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, en una ceremonia llena de aplausos, sonrisas y las adulaciones propias del caso; dio el golpe de mallete que indicó simbólicamente el arranque de un nuevo sistema de Justicia Penal en el país.
Los especialistas del tema no han dejado de hablar sobre las bondades de este nuevo sistema, que superará las torpezas y debilidades que empapaban al anterior. Se menciona que los jueces actuarán en forma abierta, frente a la sociedad, en audiencias públicas, para el que desee entrar y tendrán amplias facultades para decidir sobre la libertad de la persona en proceso; se destaca la gran importancia que se da al Principio de Presunción de Inocencia, bla…, bla…, bla….
Todo referido a los jueces, pero se olvidan de lo más primordial: un sistema de justicia penal, tiene por objeto combatir la criminalidad y esto se hace previniendo la comisión de delitos y persiguiendo y sancionando a quienes los cometen; todo el boato de la burocracia mexicana se va a la etapa de juicio y sanción, pero se olvida de la persecución del criminal y la prueba de su responsabilidad, lo que se encuentra en manos de quienes ejercen la Función Policial y que debe ser la base para que en el Sistema Penal se castigue a quien es culpable y no al inocente.
Por consecuencia, un buen sistema penal, debe fundarse en una buena policía. Pero en México ¿Cómo está la policía? Un ejemplo de esto se puede observar en el Informe sobre la Tortura de Mujeres en México, que describo en las siguientes líneas:
Amnistía Internacional es una organización para la que trabajan más de siete millones de personas en todo el mundo, que tiene como finalidad la promoción y protección de los Derechos Humanos, cuenta con oficinas en muchos países, incluyendo a México.
En junio de este año el organismo en mención hizo público un estudio que elaboró respecto a la tortura de mujeres en México, lo que adquiere mayor relevancia a raíz de que en el mes de abril, a través de internet, se filtró un vídeo, en el que se observa como miembros de la Policía y el Ejército Mexicano, están torturando a una mujer; esto último, provocó algo inusitado, el Secretario de la Defensa Nacional, en un acto público, ofreció disculpas a la sociedad.
Para elaborar su estudio Amnistía Internacional entrevistó a un centenar de mujeres que se encuentran detenidas en prisiones de los Estados de Nayarit y Morelos. Los investigadores procuraron realizar un trabajo de entrevistas más extenso, pero tanto el titular de la Secretaría de Gobernación, como el Subsecretario de Derechos Humanos de la propia Secretaría, pusieron obstáculos para que se efectuaran más entrevistas, lo que evidenció una actitud de encubrimiento ante la realidad de lo que acontece en el Sistema Penal Mexicano.
Los investigadores tuvieron que enfrentar más obstáculos, pues las autoridades implicadas les negaron información y se llegó a dar el caso, en el reclusorio de Morelos, que una custodia se escondió en el lugar donde se realizaban las reuniones con las detenidas, con la evidente finalidad de intimidar a las reclusas que se entrevistaban. Éste hecho fue denunciado, pero nada se ha hecho por parte de las autoridades del penal o alguna otra.
En lo que se refiere a las circunstancias de las víctimas de violencia por las fuerzas de seguridad, se
menciona que: el 60% de las entrevistadas no habían terminado de escuela secundaria; su edad promedio es de 27 años y muchas de ellas madres solteras; sus ingresos fluctúan entre los 50 y 250 dólares mensuales. De esto se desprende que los actos de tortura, representan triple discriminación: por género, por edad y por pobreza.
Los métodos de tortura más comunes, suelen ser: golpes, de preferencia aquellos que no dejan marcas; asfixia, con bolsas de plástico y choques eléctricos. La violencia sexual, se utiliza a través de insultos que se centran en el carácter femenino de la detenida; amenazas de violación, manoseos y violación directa.
De las 100 entrevistadas, 72 mencionaron haber sido objeto de algún tipo de violencia sexual y de 35 ellas sufrieron de la violación como tortura. En el informe se menciona que la violación es una práctica más común por parte de los elementos de la Marina Mexicana, pues de las entrevistadas, 10 de ellas, habían sido detenidas por este cuerpo y ocho fueron violadas.
También se analiza el caso de las mujeres embarazadas, en donde la violencia presenta consecuencias especiales, pues los golpes en el vientre y los actos de violación conllevan daño en el producto del embarazo; de 10 que se encontraban en tal estado, cuando fueron torturadas, ocho de ellas abortaron.
Las trabajadoras sexuales son especialmente vulnerables al encontrarse en un contexto cultural en el que su trabajo se considera como delito; en las entrevistas, una mujer en estas condiciones refirió que uno de los policías que la detuvo y torturó le dijo: «vas a la cárcel por pendeja y por pinche puta…», lo que denota una evidente discriminación por género y la labor que desempeña.
Las consecuencias de las torturas se reflejan no tan sólo en el daño físico, sino también en un daño psicológico, que es más duradero. Muchas de las torturadas mencionaron que cuando estaban siendo abusadas se sentían como si estuviesen muertas y que vuelven a sentir esa sensación cuando recuerdan los hechos de violencia que en contra de ellas ejercieron.
Este trauma psicológico se trasmite a sus familiares, quienes sufren por lo acontecido a un ser allegado, y también sufren el estigma social y la carga económica consecuentes, dado que mucha de las detenidas son madres solteras, y al tener que hacerse cargo de los hijos, los parientes se ven limitados económicamente para procurarles una defensa.
Los testimonios que se mencionan en el informe, reflejan una violencia y crueldad que afectan profundamente a quien los lee, por lo que me reservo su relato en esta columna, bajo esa advertencia, quien desee verlo, puede hacerlo en el sitio web de Amnistía Internacional.
De lo anterior surge la pregunta ¿podrá un Sistema Policial, como el descrito, ser una base de criminalización justa?
La actitud de las autoridades mexicanas frente al fenómeno de la tortura de mujeres, es considerada en el informe, como desalentadora, tema que trataré en la siguiente aportación.
