México ya pagó el muro

by • febrero 14, 2017 • corrupción, Democracia, Derecho Internacional, etica del servicio público, Justicia, Sistema de JusticiaComments (0)744

Hace tres semanas comentaba sobre la inexplicable falla que se había dado en la extradición de Joaquín Guzmán Loera, este traslado del delincuente había sido solicitada por Cortes Federales de los Estados de Texas y California; pero, extrañamente, el reo fue trasladado directamente a la Corte de Nueva York, en una franca violación a las reglas que rigen la extradición. Para explicar esta irregularidad, se dijo que dicha Corte era la que tenía más evidencia en su contra.

Hurgando un poco más en los hechos, me encontré con que la Corte Neoyorquina, es la que tiene más información, desde el punto de vista financiero, con una orden de decomiso por 14 mil millones de dólares y, en el Distrito Norte de Illinois, otra Corte Federal, tiene ya orden de decomiso por otros 5800 millones de dólares.

Lo anterior me llevó al convencimiento que la motivación del Gobierno Mexicano para realizar el traspaso del delincuente de esa forma, no fue error, sino un hecho premeditado. Esta idea se fortalece por la circunstancia que Guzmán Loera fue trasladado del penal de Ciudad Juárez, México, directamente al aeropuerto de esa ciudad y de ahí, en un avión del gobierno mexicano, voló directamente a la ciudad de Nueva York, en donde se hizo entrega del capo a la agencia de combate a las drogas (DEA) de aquel país.

Hay otros detalles que se vuelven indicativos de que algo maneja el inquilino de Los Pinos, a espaldas de la comunidad y sus representantes. El 12 de mayo del 2016, ante el mutismo de la Presidencia de México sobre los acuerdos con los Estados Unidos, respecto al decomiso de bienes del narcotraficante, preso en ese momento en México, una comisión del Congreso Federal de ese, solicitó la comparecencia de los titulares de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informasen que trámites se estaban realizando a fin de asegurar los bienes mal habidos del capo. A pesar de que estos funcionarios comparecieron a la reunión, se abstuvieron de proporcionar información clara sobre el tema para el que fueron citados.

La situación quedó en suspenso, y no fue sino hasta que fue ejecutada la extradición, que la inquietud de los representantes  mexicanos volvió a surgir, 8 de febrero del presente año, la Cámara de Diputados, exigió al Presidente Peña Nieto informase a la opinión pública sobre las acciones tomadas para el decomiso de los bienes del narcotraficante, sin que se haya dado respuesta alguna, por parte de la oficina presidencial.

Lo cierto es que existe un acuerdo celebrado entre las autoridades mexicanas y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, relativo a la compartición de activos decomisados, del 5 de octubre de 2010; por lo que en nada perjudica al presidente mexicano informar sobre el cumplimiento que, en su caso, se esté dando a dicho acuerdo, sin embargo, el silencio ha sido la constante sobre el tema.

El permanecer callado no beneficia la causa del presidente Peña Nieto, pues se presta a pensar que ha negociado con el gobierno norteamericano la cesión de todos los bienes que se decomisen al capo del narcotráfico, en desprecio a las decenas de miles de compatriotas que han sido muertos en la guerra desatada en México, desde los tiempos de Felipe Calderón, contra el crimen organizado y lo que aún resulta más grave, es la especulación sobre las presiones que haya ejercido el gobierno de Estado Unidos hacia la persona del propio Peña Nieto, para lograr ese resultado.

Parece ser que el presidente del vecino país del norte se va a salir con la suya y México va a pagar el muro, con el dinero de Joaquín Guzmán y la complacencia de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y el resto de la camarilla que cena gracias al dinero de los contribuyentes y, si es así, creo que la Cámara de Senadores deberá tomar cartas en el asunto, realizando un fuerte extrañamiento al Presidente y exigiendo responsabilidades administrativas a los funcionarios que hayan intervenido en ese acto.

Share this:

Comentarios

Comentarios

Pin It

Related Posts

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.