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Luego que la Suprema Corte Mexicana decidiera que, la negativa de la autoridad sanitaria a permitir el uso recreativo de la mariguana a un grupo de cuatro personas, violentaba su derecho al libre desarrollo de la personalidad; ha surgido la reacción de las autoridades del país que presentan un panorama que permite observar una apertura sobre este tema que estuvo vedado durante más de medio siglo.
En un principio la Presidencia se presentó con un definitivo NO. El mismo día que la Corte daba a conocer su sentencia, el abogado de la presidencia enfatizó que esa decisión judicial no legalizaba el uso de la mariguana y que esto continúa siendo un delito en México; que la decisión de la Corte solo planteaba el permitir el uso recreativo de la droga a las cuatros personas que habían promovido el recurso legal, lo que no podía tener efectos generales; que la sentencia no permitió por ningún motivo la comercialización ni el suministro gratuito de la droga; que la siembra de esta planta continúa siendo ilegal en México y que la sentencia que emitió por la Corte no puede ser guía necesaria para el criterio de otros tribunales del país.
La presidencia determinó cuales eran los alcances de la sentencia: que en la misma se reconoce que la marihuana daña la salud individual y la pública, lo que motiva que sea regulada por las autoridades; que lo que se decidió es que una prohibición absoluta constituye una regulación excesiva y por tanto puede abrirse el campo para su uso personal y que solo se reconoció el derecho de los cuatro ciudadanos mexicanos a sembrar marihuana para su consumo propio y con fines recreativos; pero que también el consumo que puedan hacer esas personas no puede dañar a otros, de ahí que no se pueda realizar frente a otras personas sin su expreso consentimiento, ni frente a menores de edad.
En realidad la presidencia interpretó una sentencia de la Corte, determinando sus efectos y limitaciones, sin facultades para hacerlo, e inclusive invadiendo facultades que corresponden al poder legislativo, lo que nos plantea un fuerte indicio de que la decisión de la Suprema Corte tomó de sorpresa a la presidencia y su reacción inmediata fue poco meditada, sin embargo en estas declaraciones se dejó un resquicio abierto, pues el abogado mencionó:
“Lo que sí es claro, como señaló el Presidente de la República, esta interpretación constitucional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos lleva a que como país se abra un amplio debate para conocer cuál es la mejor regulación para la sustancia de la marihuana”.
También en el congreso hubo reacciones, aunque más atemperadas, se observa que el Senador Emilio Gamboa, el día 8 de noviembre, hablando a nombre del grupo de Senadores de Partido Revolucionario Institucional, que es el mayoritario en esa cámara, manifestó que daban por bienvenido el debate sobre la mariguana y expresó que este debe darse a través de un consulta que abarque a las autoridades de salud, seguridad, seguridad, deportivas y también a las organizaciones sociales, académicas y científicas, para que la discusión encuentre su fundamento en el tejido social.
En una reunión de legisladores mexicanos y norteamericanos se trató el tema y estos últimos hablaron de su experiencia con la permisión del uso del cannabis refiriendo que una de sus principales metas es alejar del mercado negro el manejo de este producto.
Al día siguiente de la anterior declaración, El Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio presentó la propuesta de un debate sobre el tema de la mariguana que deberá darse en tres etapas: Una consulta especializada, que abarque profesionistas involucrados en el área: médicos, sociólogos y abogados que permita plantear cual esquema es mejor seguir: el de la prohibición, que se aplica en la actualidad, o el de la regulación; un debate Internacional que implique los consenso de la Organización de las Naciones Unidas y lo que llamó “otros foros hemisféricos” y un diseño de políticas públicas que permitan establecer formas de consulta con la ciudadanía.
En su libro “Tras el grito” Johann Hari realiza un profundo estudio sobre el problema de las drogas y menciona las experiencias de los activistas por la legalización de la mariguana en los Estados de Colorado y Washington de la unión americana y como estos, por distintos caminos lograron su objetivo que fue obtener un refrendum popular sobre el consumo de la droga.
El primer caso es el de Mason Trevt, que buscó convencer a la ciudadanía que el consumo de mariguana es más seguro que el del alcohol y retó al Alcalde de la ciudad de Denver quien poseía una destilería de cerveza, a comprobar lo contario y también argumentaba que la prohibición llevaba al consumo de drogas más dañinas.
El otro caso es el de Tonia Winchester, quien como fiscal notó que se daba mayor importancia a procesar caso de posesión o consumo de mariguana en pequeña escala que a los casos de violencia familiar que eran más dañinos, también se percató que la gran mayoría de los procesos penales relacionado con la mariguana eran contra gente joven en su gran mayoría latinos y negros y, Tonia a pesar de no aceptar el consumo de la mariguana, se decidió a combatir su prohibición al ver el daño que esta provocaba; es decir, debía regularse su consumo porque es peligrosa y la prohibición llevaba a la desregulación del consumo pues dejaba el control de la distribución y comercialización de esta sustancia en manos de los elementos criminales.
Las razones sobre el porqué debe regularse el consumo de la mariguana son muy diversas y lo cierto es que si se busca por el gobierno mexicano una consulta popular al respecto, la forma de plantear esta tendrá una fuerte influencia en el resultado, por lo que estimo que deberán ser las verdades de los científicos, académicos, sociólogos, médicos y demás personas especializadas, las que incidan en la consulta y no los intereses políticos.
Una última reflexión sobre el tema, si el consumo de la mariguana se permite y regula ¿Qué intereses se verán afectados?, todos conocemos la respuesta: los señores de la droga y sus secuaces, funcionarios corruptos de todos los niveles, desde el policía de tránsito o el secretario de estado, hasta el senador cuya campaña se financió por aquellos.
Mucho está en juego para un país desolado por la guerra contra las drogas, esperemos que la verdad y la razón científica sean lo que determine una respuesta y no los intereses del crimen organizado y la clase política secuestrada por este.
