En uno de los muros de la otrora temida prisión de Lecumberri, en la Ciudad de México, se encuentra grabada la siguiente frase: En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza; es atribuida al escritor mexicano José Revueltas y refleja una dura realidad: en ese país, los sistemas penales no son para los ricos; en las prisiones de México, la inmensa mayoría de los reclusos, pertenecen a las clases pobres del país, lo que encuentra explicación en los siguiente:

Cuando una persona enfrenta la cárcel, se ponen en riesgo muchos valores, la libertad, la buena fama, el honor, la estabilidad familiar. No se castiga solo al presunto delincuente, sino que las personas allegadas a este, también sufren: problemas económicos, sobre todo cuando el reo es el sustento de la familia; las mujeres y los hijos, son objeto de acoso y escarnio, abuelos con escasos recursos que tienen que hacerse cargo de los nietos y muchos otros males que afectan a las personas involucradas en los hechos criminales o a quienes se relacionan con ellas.

Es por lo anterior, que los juicios penales están sujetos a una serie de formalidades que no suelen verse en otro tipo de juicios. Un defensa favorecida por un proceso en el que el defendido es considerado inocente; exigencia al fiscal de observar múltiples formalismos; necesidad de un defensor profesional que, inclusive, se presta gratuitamente; las pruebas deben obtenerse bajo parámetros muy precisos; negativa al valor de algunas pruebas, como la confesión; obligación de la fiscalía de probar más allá de cualquier duda razonable, con el objeto de garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia, y muchos otros detalles, que, tal vez, serian innumerables citar, como los son los laberintos de la justicia.

Un abogado hábil, sabe utilizar los vericuetos de esos laberintos y, por regla general, cuando lo hace bien, evita que su cliente vaya a la cárcel o permanezca mucho tiempo en ella. Este es uno de los principales motivos por los que las prisiones de México estén saturadas de gente pobre, que no se puede dar el lujo de pagar un buen abogado y tiene que confiar su caso a defensores de oficio, mal pagados y con grandes cargas de trabajo. Son contados aquellos prisioneros que tienen posibilidades económicas, salvo el caso de los grandes criminales que deben estar a resguardo, más por motivos de política pública, que por falta de defensa habilidosa, o algunos, muy pocos, políticos corruptos, de los que, en las últimas décadas, se pueden ver ejemplos como los de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos de los mismos apellidos; Jorge Diaz Serrano, ex director de PEMEX y, actualmente, la lideresa de la educación, Elba Esther Gordillo. En estos casos, después de la cárcel, les espera una vida de molicie y disfrute de las fortunas que han hecho a costas de la sociedad. Es una realidad que los políticos en las cárceles, son una excepción, a pesar que la corrupción es un mal que campea a sus anchas en todo el gobierno.

En las elecciones de este junio pasado, la geografía del poder en México cambió. La sociedad, harta de los funcionarios que disponen de los fondos y el poder públicos, en forma deshonesta, votó a favor de grupos políticos distintos a los que les estaban gobernando. En el caso de mi tierra, Chihuahua, la sociedad fue a las urnas a votar por dos candidatos, uno independiente y el otro del partido de oposición y, ahora tanto los candidatos como la ciudadanía, lanzan un clamor popular: ‘Cárcel a los políticos corruptos, al gobernador César Duarte y a sus cómplices’. Este clamor se repite en Veracruz, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo y más.

Me temo que, en la práctica, ese clamor popular de exigencia de justicia, con el paso del tiempo y el tortuguismo del sistema judicial, se irá convirtiendo en un débil lamento de impotencia ante la dificultad y, muchas veces imposibilidad, de lograr el objetivo de dar cárcel a los corruptos; pues estos se han hecho ricos con sus latrocinios y sus abogados, seguramente, aprovecharán los vericuetos de ese sistema de justicia complicada e ineficiente.

¡Ojalá me equivoque!

Pero hay otra solución, el funcionario realiza los actos de corrupción, por dinero y poder, por lo que el mejor castigo que se le puede dar, es ‘quitarle el dinero’. Yo prefiero ver al funcionario corrupto y a sus cómplices, viviendo de la asistencia pública y en la inopia que, en la cárcel, pues de esa manera, su ambición se ve frustrada.

Aunque se encuentra previsto en la legislación, en México no existe la práctica de demandar indemnizaciones pecuniarias por la vía civil a los funcionarios y sus cómplices por los actos de corrupción. Pero en otros países esto se hace continuamente, así en los sistemas inglés y norteamericano, se presume que, si el funcionario hizo dinero utilizando el poder concedido por la sociedad, ese dinero pertenece a esta y el Estado debe demandar la retribución del mismo, como de hecho se hace, y el erario público recupera grandes cantidades de dinero a través de esta vía, beneficiando así a los ciudadanos decentes y protegiendo los impuestos que estos pagan.

Más allá del funcionario público corrupto, la responsabilidad de indemnizar corresponde también al corruptor y a aquellos funcionarios que, por negligencia o complicidad, dejaron pasar los actos de corrupción.

Así que, si se trata de sancionar a los corruptos, no podemos limitar nuestro horizonte a la improbable e infructuosa pena de la cárcel, esto es un acto de venganza que en nada rehará el daño causado; mejor pensar que deben responder por el daño causado y quedarse sin patrimonio, a través del pago de indemnizaciones y decomisos de lo mal habido, lo que abarcaría no sólo al funcionario, sino a todos los que, de una forma u otra, se han coludido con él.

Pobreza a los corruptos, para que vivan en el infierno que ellos han contribuido a crear.

Share this:

Comentarios

Comentarios