POLÍTICA

Llega a pesar hasta 120 kilos, su estatura supera los dos metros, puede correr a velocidades de 70 kilómetros por hora, es un ave, vive en África e injustamente se le atribuye el hecho de esconder la cabeza cuando se encuentra en peligro. Si está pensando en el avestruz, ¡adivinó!

La periodista Denise Dresser tiene una presencia y personalidad innegables y estas resaltaron el miércoles pasado en la conferencia mañanera del presidente de México, cuando intervino planteando el caso de Sergio Aguayo, columnista e investigador que ha sido demandado por daño moral por el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira ,por haber escrito en una columna que dicho político expele un “hedor a corrupción”.

Resaltó la periodista que en ese caso se está jugando algo más que los intereses personales de las partes en ese juicio, lo que está en el tapete, es la libertad de expresión, pues si Aguayo resulta condenado a pagar la millonaria indemnización que pretende el político priísta, los comunicadores en México van a tener un candado en la boca para expresar su opinión, como lo hice notar en una columna publicada hace ya tiempo.

Pero la periodista pasó a plantear otro aspecto de los últimos días que a quienes nos dedicamos a la comunicación, nos tiene realmente preocupados, pues en la reforma penal, que se encuentra en borrador ante la Fiscalía General de la República, se pretende revivir una figura del pasado, propia de los regímenes del PRI, que implicaba un arma útil a los gobernantes para mantener callada a la prensa: la difamación.

En el proyecto se menciona que quien ilegalmente comunique a otro un hecho que cause deshonra, descrédito o perjuicio o exponga al desprecio a alguien, podrá ir a prisión hasta por seis años. La redacción del artículo es tan larga como confusa y está hecha de tal forma que determinar si las condiciones mencionadas se dieron, estará al criterio amplio del juez o de quien le dé órdenes a este, que, créalo, en nuestro sistema de justicia no faltan.

La difamación como la calumnia fueron durante el régimen dictatorial del PRI herramientas muy útiles para crear autocensura en la prensa, pero en el Sistema Internacional de Derechos Humanos se han considerado como figuras que violentan la libertad de prensa.

La libertad de expresión es un elemento esencial para la vida democrática de los países, implica los derechos a obtener la información y poder trasmitirla, así como la facultad que tenemos los ciudadanos para ser receptores de la información, ya sea que ésta venga de otros individuos o de los medios masivos de comunicación. Frente a esta libertad y los derechos que ella implica se opone, el derecho que tenemos las personas a nuestra intimidad, honra, dignidad, prestigio y la buena fama. Es evidente que el enfrentamiento entre la libertad de expresión y la intimidad de las personas, siempre estará impregnado de un alto nivel de complejidad y deberá resolverse a través de un delicado equilibrio entre los derechos en conflicto.

Es indudable que la intimidad o la honra de las personas, es algo que queda en el ámbito privado de los interesados y por consecuencia no tiene porque llevarse al campo del Derecho penal, en donde los intereses en juego corresponden más al espectro social y público.

Es por eso que la difamación y la calumnia, han sido borrados de los catálogos penales en los países democráticos del mundo y se han trasladado al campo del Derecho Civil, que corresponde a los intereses personales y fue asi como en el 2007, siguiendo esta corriente de respeto a la Libertad de Expresión, dichos delitos fueron eliminados de los códigos penales en México y se estableció la figura del daño moral a la que se le establece una sanción reparatoria consistente en el pago de cierta cantidad y, en su caso, la publicación de la retractación en los medios de comunicación.

El presidente López Obrador dio una respuesta ambigua y preocupante a la interpelación que se le hiciera sobre la pretensión de revivir la figura penal de la difamación, argumentó que eso está fuera del ámbito de su competencia y mencionó que el Fiscal General es autónomo y que en caso que existiese esa intención el no tenía que ver.

Declaración preocupante del presidente de México ¿Qué acaso no existen políticas públicas diseñadas y que se consensan o cuando menos se comentan y opinan, respetando la autonomía e independencia de los órganos? Pues si no es así, entonces ¿qué está haciendo López Obrador quien fue puesto por la voluntad popular para dirigir las políticas públicas del país? evidentemente no está cumpliendo con su función.

Pero hay algo peor, si la penalización de la difamación fue algo analizado y consensuado con el Fiscal General y ahora lo niega, estamos frente a un gobernante que contrario a lo que dice si “tira la piedra y esconde la mano” o como injustamente se menciona del Avestruz, esconde la cabeza para no enfrentar la realidad.

¿Usted dónde colocaría a López Obrador, cómo ignorante de la reforma o cómo simulador de la realidad?