En los muros del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran estampadas pinturas que han sido reconocidas internacionalmente por su grán calidad artística, entre estas se encuentran varias de José Clemente Orozco, una de ellas nos presenta dos imágenes de la justicia, una en un pedestal, sentada con una espada en la mano y durmiendo, debajo de ella, sin poder alcanzarla se encuentra otra imagen de la justicia que lleva una máscara en el rostro y en su mano izquierda una balanza, en su cara se refleja desesperación que deriva de las imágenes de los sujetos que le rodean, parece ser en reclamo de sus derechos, una de estas tiene la mano en un platillo de la pesa y parece estar depositando algo, sin que se pueda percibir que, pero que tiende a inclinar el peso de la justicia.

La respuesta que acaba de dar la SCJN a la consulta sobre la diversa consulta popular sobre el enjuiciamiento de los presidentes, nos da fuertes indicios de que la mano de la influencia del poder ha inclinado esa balanza para lograr otra burla de la Cuarta Transformación al pueblo de México.

El caso que se planteó al órgano judicial fue para que este decidiera, conforme a la ley, sobre si la Consulta Popular que se pretende hacer es conforme a la Constitución. En esa consulta se cuestionaba al ciudadano:

 ¿Está usted de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen y de resultar probado se sancione penalmente a los expresidentes de México? mencionandose específicamente a varios de ellos.

El ministro Luz María Aguilar Morales, fue el encargado de analizar el caso y presentar una propuesta al tribunal que se compone de 11 jueces, la cuestión a resolver era sobre la adecuación de la consulta a la constitución.

Las Consultas Populares implican una decisión del pueblo que obliga a las autoridades, como por ejemplo al Presidente o al Fiscal General Federal, por lo que la materia de la consulta debe estar conforme a la constitución; pues si no lo estuviese, sería tanto como autorizar una violación a la ley máxima que nos regula como sociedad organizada y que, por su importancia, no puede ser modificada por una simple consulta.

El proyecto del Ministro Aguilar establecía que la consulta, como estaba planteada, implicaba violación a la constitución, por cinco motivos:

La Consulta popular es válida con el 2% de los votantes del país y en el enjuciamiento de cualquier sujeto se involucran Derechos Humanos no solo del individuo implicado, sino también de las víctimas y de la sociedad que tiene el derecho a la seguridad pública de la que forma parte un sistema penal eficiente. Asi pués los derechos que se involucran en la consulta corresponden a todos los mexicanos y no nadamás a los involucrados en la consulta.

El manejo de la decisión de encauzar a los presidentes, involucra también los derechos de los ofendidos, como es el de aquellos cuyos familiares o allegados hubiesen muerto por suministrar medicinas ineficientes o en que la ineficiencia de esa administración impidió que las medicinas no llegaran a sus destinatarios o el de aquellos que han sido víctimas de la violencia acarreada por un mal manejo de la seguridad pública; por lo que dejar la decisión en solo una parte de la población, es violar los derechos de las victimas y ofendidos.

La consulta involucra los nombres de los presidentes y estos como ciudadanos tienen el derecho a la presunción de inocencia; pero al mencionarlos en forma concreta, se les está inculpando sin que hayan tenido derecho de defensa. Así, por ejemplo: ¿consideraría usted correcto que a Felipe Calderón se le enjuicie por las victimas de la violencia durante su período como presidente?

De antemano conozco su respuesta “Pues claro, si el provocó esa violencia.” Eso es precisamente la incriminación que viola la presunción de inocencia.

La investigación de los delitos, es una función que corresponde al Estado Mexicano. El sistema legal regula nuestra conducta permitiendo, prohibiendo o inclusive siendo indiferente. Pero hay conductas que dañan tanto a la sociedad que merecen una sanción fuerte y ahí se considera que el manejo de esos casos no es exclusivo de la esfera privada, sino que debe intervenir la sociedad organizada a través de sus órganos de gobierno; en el caso concreto sería el Ministerio Público y esto está establecido en la constitución, por lo que la consulta, al dejar en manos de una parte de la sociedad civil la decisión de perseguir conductas criminales, esta violentando un principio básico del sistema de justicia, el impedir la venganza privada y la barbarie.

La consulta planteada, rompe también un principio constitucional y elemental de cualquier sistema legal, el de igualdad. En una República, todos debemos ser iguales frente a la ley. Conocemos que, en la práctica, las diferencias económicas y culturales dificultan el cumplimiento de ese principio, pero es obligación de nosotros como mexicanos y de nuestras autoridades el velar siempre por combatir esas diferencias. Ahora bien, es de elemental justicia que quien cometa un delito sea juzgado bajo los mismos principios que cualquier otro y en el caso de la consulta, el que la persecución de los supuestos delitos cometidos por los expresidentes, se deje a la decisión de una consulta popular es violentar el derecho a un trato igualitario que tenemos todos los mexicanos cuando cometemos un delito. Indudablemente se les daría un trato preferencial  a los expresidentes. Piense usted el remoto caso que el resultado de la consulta fuese que no se persiguiese a los ex mandatarios.

He ahí las razones del Ministro Aguilar Morales para considerar que la consulta era inconstitucional, pero el presidente del tribunal Arturo Saldivar Lelo de Larrea, argumentó que no debía analizarse la materia de la consulta sino que la facultad del tribunal se limitaba a revisar si se habían reunido los trámites para hacer esta, argumento absurdo pues es evidente que una consulta popular que viola la constitución implica hacer una excepción a esta y eso es caminar hacia la ingobernabilidad.

La sesión del tribunal se transformó en un conflicto entre el orden y el respeto a la constitución y el poder de una orden presidencial y por desgracia triunfo esta última, aunque en forma parcial, pues modificaron la pregunta original, para quedar como sigue:

 ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

¿Qué le parece a mi estimado lector? La corte resolvió, después de 3.30 horas de discusiones, un galimatías al que este servidor no le encuentra ni piés ni cabeza.

Afuera del edificio de la SCJN había una multitud que seguía con ansia el desarrollo de la sesión y que exclamaba vitóres cada vez que un ministro se expresaba a favor de la consulta y, muchos más también han de haber estado al pendiente de lo que la corte resolvía, esperando que aprobaran ese instrumento de linchamiento oculto tras la figura de la consulta popular, que pervierte la nobleza de la democracia directa.

Les tengo malas noticias a todos ellos, les vieron la cara.

El juzgar a los expresidentes a través de la decisión de una consulta popular, es darle al gobierno de la 4º T. un pretexto para dejar de investigar y encauzar los delitos que existieran, pues la ley establece que las consultas populares deben realizarse al mismo tiempo que las elecciones federales, que son hasta julio del año que entra, mucho tiempo para que los factores del poder maniobren en las sombras sus intereses y a fin de cuentas esto se resuelva, si es que así sucede, por un “SÍ” a una pregunta que puede ser interpretada de mil maneras y a la conveniencia de las mafias del poder, incluyendo a la actual.

Lo que realmente sucedió es que a todos los mexicanos nos privaron del derecho a que los delitos sean perseguidos por el Ministerio Público, en palabras simples se protegió a los expresidentes, en consonancia con los intereses del poder que son muy ajenos a la sociedad mexicana.

Se actualiza el mural de José Clemente Orozco, la justicia continúa tomándose una siesta a la que nada le quita el sueño, mientra su balanza ha sido arrojada a la letrina de los políticos.

Un fuerte reproche a los ministros que votaron a favor de la consulta, dando continuidad al juego de la impunidad que, durante dos años, ha venido campeando en México, inlcinandose ante el poder del presidente y mi respeto y reconocimiento a los cinco ministros que decidieron enfrentar el poder autoritario y lucharon por la verdad, la justicia y la Constitución Mexicana.

Postdata. Las reformas Constitucional y legal que regulan el mecanismo de Consulta Popular, son de los años 2013 y 2014, impulsadas por Peña Nieto.

Cortesía de la imágen: Suprema Corte de Justicia de la Nación

 

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