0
0
Existen muchas frases para tratar de justificar la corrupción de la que pretendo comentar en esta sencilla aportación. Entre estas: el que se baña salpica… el pastel hay que repartirlo… todos salimos ganando…. Me estoy refiriendo a una forma común de corrupción que se da en las áreas de adquisiciones tanto gubernamentales como privadas, en la que se implica el dar una parte del producto de la operación o un beneficio a aquel funcionario que intervino para otorgar el contrato a un proveedor específico. El pensamiento que se desprende de las frases anteriores, es que este tipo de corrupción a nadie daña y, por el contrario, ayuda a agilizar los trámites burocráticos. En un interesante estudio realizado por Transparencia Internacional, plasmado en un documento denominado el Libro de TI, se realiza un análisis bastante completo sobre el daño que produce este tipo de corrupción mencionando entre otros el que engendra decisiones erróneas, esto en cuanto que el funcionario público para tomar las decisiones involucrando su utilidad personal y por consecuencia, soslayando el beneficio de la sociedad hacia la cual se debe. La competencia en cuanto a calidad y precio de bienes y servicios, se ve superada por una competencia en cuanto a la aportación de sobornos a los funcionarios para obtener los contratos gubernamentales. Los funcionarios que así se corrompen, pierden autoridad moral frente a sus subalternos, lo que incide también en el desarrollo de la corrupción. En lo que se refiere a la economía, incide negativamente en tanto que se elimina la libre competencia entre las empresas y son las empresas grandes de alta capacidad económica las que, en un momento dado, pueden acceder a los grandes contratos y las empresas medianas y pequeñas quedan fuera de ese ámbito y por consecuencia, de su posibilidad de crecer. También es de tomarse en consideración que el costo del soborno debe incidirse en el precio de los bienes o servicios que se proporciona y sí, por otro lado, esto debe de ocultarse, es indudable que dicho costo se reflejará en la calidad del servicio o bien que se proporciona lo que se reflejará posteriormente en un costo mayor. Así por ejemplo, si se contrata una empresa para que construya una vialidad y es necesario devolver una parte del valor al funcionario que benefició el contrato, la empresa utilizará material de menor calidad al que debiera y esto se reflejará, a corto o mediano plazo en la necesidad de solventar esas fallas, lo que implicará nuevos contratos, nueva corrupción y por tanto, un demérito en la calidad del bien adquirido, con un alto costo para el erario público, que se conforma por las aportaciones que los ciudadanos realizamos. Cualquier funcionario público podrá tratar de negar haber recibido soborno, argumentando que existen mecanismos en las áreas de adquisiciones, pero la verdad es que el estudio de Transparencia Internacional al que me he referido, refiere a muy diversas formas de burlar dichos mecanismos, que implican la manipulación de las especificaciones para favorecer a proveedores específicos; la restricción de la información respecto de las circunstancias de contratación; la urgencia como un pretexto para asignar los contratos, sin necesidad de licitación; la violación de la confidencialidad en los concursos. También se pueden dar colusiones entre proveedores para fijar precios y así repartirse los beneficios de los contratos. En lo que se refiere al soborno que se otorga al funcionario público este puede tener muchas versiones, evidentemente, la principal es la entrega de una cantidad o porcentaje acordado, pero también se puede presentar de diversas formas, que menciona el estudio en cuestión, como son el pago de colegiaturas a los hijos o de inscripciones a clubes elitistas, viajes, regalos, etc. En realidad los pretextos para justificar este tipo de corrupción y a los que me refería al inicio de esta aportación, no tienen validez alguna, la corrupción en adquisiciones de un gobierno daña terriblemente a la sociedad, debilitando su economía, la moral pública y la imagen de las instituciones políticas. No debemos olvidar que los estudios del organismo internacional a que me he venido refiriendo, en su encuesta de este año, ha ubicado a México en el lugar 106 de 177 países analizados, en cuanto a índices de corrupción, lo que nos indica que el fenómeno que se comenta no es ajeno a nuestras autoridades. Es necesario que los funcionarios públicos y los empresarios que con ello se coluden, sean conscientes de esta situación, pues ellos se encuentra involucrados, junto a nosotros en la búsqueda de una convivencia benéfica para todos y no para unos cuantos en su beneficio particular.
