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Es un honor para los mexicanos que el periodista Jorge Ramos haya sido nombrado por la revista Times, como uno de los 100 comunicadores más influyentes, pues llegó a los Estados Unidos hace cerca de 40 años con su título de comunicólogo en las manos y se ha abierto paso en los medios de comunicación hasta llegar a posicionarse como uno de los líderes de opinión de habla hispana más influyentes.

Al tomar el uso de la palabra y realizar el brindis en el acto protocolario, rindió honores a tres tipos de personas que consideran son héroes actuales: a los periodistas mexicanos que han perdido su trabajo por denunciar los actos de corrupción del presidente Enrique peña Nieto y sus colaboradores; a los presos políticos que hay en Venezuela por oponerse al régimen de Nicolás maduro y nombró en lo particular a don Leopoldo López y, a los denominados Dreamers, aquellos jóvenes que llegaron como niños a los Estados Unidos con sus padres y que ahora son estudiantes en las universidades de ese que decidieron tomar las riendas y ahora están cambiando las políticas migratorias de ese país.

Todos conocemos la situación que se ha presentado en México por los descubrimientos de periodistas valientes tanto de ese país, como del extranjero, a través de los cuales se ha puesto en evidencia la confabulación existente entre el presidente Enrique peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, el ministro de hacienda Videgaray y el secretario de gobernación Osorio Chong, con diferentes contratistas tanto del Gobierno Federal como de los gobiernos de los Estados en cuyas administraciones han participado.

Jorge Ramos mencionó que en un país en el que se respete tan siquiera un poco el sistema de legalidad cualquier presidente o funcionario a quien se le hubiese descubierto una situación similar ya hubiera renunciado y refiriéndose directamente al Presidente de México, dijo, en español, las siguientes palabras: «Señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, eso es corrupción y por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar…».

Multitud de pretextos y explicaciones han querido dar los referidos funcionarios públicos y la esposa del Presidente Peña Nieto, para justificar lo que los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado, sin embargo la opinión pública nacional y extranjera no ha soslayado la evidente corrupción que brota de los hechos hasta ahora conocidos.

Las propiedades millonarias de estos individuos no se justifican con su salario como funcionarios públicos lo que enardece la opinión de quienes sufrimos las consecuencias de la corrupción en México y no se puede disimular que este enriquecimiento es producto de la corrupción, en un país en que la pobreza es rampante y la clase media, a pesar de sus esfuerzos, va perdiendo posibilidades de una mejor vida.

Dado que la corrupción evidenciada se relaciona con contratistas del gobierno mexicano, la explicación lógica es que esta deriva del otorgamiento de obras públicas, tipo de corrupción cuyo daño ha sido estudiado por la organización Transparencia Internacional.

Dicho organismo menciona que la corrupción de que se habla engendra decisiones erróneas, esto en cuanto que el funcionario público para tomar las decisiones involucra su interés personal y hace a un lado el beneficio de la sociedad hacia la cual se debe. La competencia en cuanto a calidad y precio de bienes y servicios, se ve desplazada por compromisos de connivencia que implican sobornos a los funcionarios para obtener los contratos gubernamentales. Los funcionarios que así se corrompen, pierden autoridad moral frente a sus subalternos, lo que incide también en el desarrollo de la corrupción. En lo que se refiere a la economía, influye negativamente en tanto que se elimina la libre competencia entre las empresas y solo son beneficiadas con los grandes contratos públicos aquellas que se benefician por motivos personales y con capacidad para soportar los costos de los sobornos, es por esto que muchas empresas quedan fuera de ese ámbito y por consecuencia ven limitada su posibilidad de crecer. También es de tomarse en consideración que el costo del soborno debe disimularse en el precio de los bienes o servicios que se proporciona y así se refleja en la calidad del servicio o bien que se proporciona lo que se trasciende en un costo mayor al normal.

Así por ejemplo, si se contrata una empresa para que construya una vialidad y es necesario devolver una parte del valor al funcionario que benefició el contrato, la empresa utilizará material de menor calidad al que debiera y esto se reflejará, a corto o mediano plazo en la necesidad de solventar esas fallas, lo que implicará nuevos contratos, nueva corrupción y por tanto, un demérito en la calidad del bien adquirido, con un alto costo para el erario público, que se conforma por las aportaciones que los ciudadanos realizamos.

Cualquier funcionario público podrá tratar de negar lo antes afirmado argumentando que existen mecanismos en las áreas de adquisiciones, o que el corrupto es quien firma los contratos y no quien tiene el poder de decisión, pero la verdad es que el estudio de Transparencia Internacional al que me he referido, refiere a muy diversas formas de burlar los mecanismos de protección, que implican la manipulación de las especificaciones para favorecer a proveedores predeterminados; la restricción de la información respecto de las circunstancias de contratación; la urgencia como un pretexto para asignar los contratos, sin necesidad de licitación; la violación de la confidencialidad en los concursos. También se pueden dar colusiones entre proveedores para fijar precios y así repartirse los beneficios de los contratos. En lo que se refiere al soborno que se otorga al funcionario público este puede tener muchas versiones, evidentemente, la principal es la entrega de una cantidad o porcentaje acordado, pero también se puede presentar de diversas formas, que menciona el estudio en cuestión, como son el pago de colegiaturas a los hijos o de inscripciones a clubes elitistas, viajes, regalos, la simulación de compraventas de propiedades y muchas otras.

En realidad este tipo de corrupción daña terriblemente a la sociedad, debilitando su economía, la moral pública y la imagen de las instituciones políticas. No debemos olvidar que los estudios del organismo internacional a que me he venido refiriendo, en su última encuesta, ha ubicado a México en el lugar 103 de 177 países analizados, en cuanto a índices de corrupción, lo que nos indica que el fenómeno que se comenta no es ajeno a nuestras autoridades.

Los artículos 220 y 221 del Código Penal Federal de México, definen los delitos de Ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia, en los que se describen conductas que muy bien pudieran encuadrar en los hechos que se han dado a conocer y es indudable que quien asume un puesto público de tan alta importancia como la presidencia, una secretaría o una gubernatura, debe ser una persona con el pundonor y la calidad moral suficiente para dimitir a su cargo cuando se ha visto involucrado en este tipo de hechos.

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