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El Estado tiene el monopolio de muchas actividades que se relacionan con la vida civil del ciudadano, los registros de propiedades, y sus actos civiles desde el nacimiento hasta la muerte y aún después de esta, el control sobre su circulación, la educación, etc. Todas estas actividades se realizan por funcionarios estatales ante quienes los ciudadanos nos vemos forzados a acudir. Este poder de escritorio puede expresarse de una buena manera, caso excepcional, mediante una eficiente administración del servicio público; puede también traducirse en un ejercicio prepotente del poder, cuando el burócrata trata en forma despótica e insolente al ciudadano y puede también convertirse en una forma corrupta de ejercicio del poder, que se presenta cuando en forma directa o indirecta el funcionario público obliga al ciudadano a otorgar una dádiva para que pueda recibir el servicio público al que tiene derecho. Entre las formas de comisión de delitos, que se regulan en el Código Penal, se define la participación como el acto de realizar en forma conjunta con otro u otros, la acción delictiva. El delito de cohecho es definido: “Al servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo relacionado con sus funcione” …. De la lectura de ambas disposiciones surge una interrogante ¿el ciudadano que es impelido por el funcionario público para realizar el acto de soborno, se transforma en coparticipe del delito de cohecho? Es una realidad que la gran mayoría de los mexicanos nos hemos visto involucrados en una situación de esta índole: el oficial de tránsito que le detiene por no haber hecho totalmente un alto, por un supuesto exceso de velocidad o cualquier otro motivo y le amenaza con privarlo de sus documentos o su vehículo; el policía preventivo que le atribuye algún mal actuar, de donde brota la amenaza de remitirlo a la cárcel; el burócrata que bajo uno u otro pretexto niega el servicio que está obligado a dar y sólo se agiliza cuando usted le ha entregado alguna dádiva. Realmente si usted, como ciudadano, para lograr recibir el servicio público a que tiene derecho o evitarse el mal con que se la amenaza, decide acceder a sobornar al funcionario, se está volviendo cómplice del delito de cohecho o, en realidad se está convirtiendo en la víctima de este delito o de la extorsión que realiza el funcionario público, utilizando, para beneficio propio, el poder que le ha sido concedido por la propia sociedad, a la que se debe. Si en un sistema legal se estima que, bajo cualquier circunstancia, aquel que entrega una dádiva al funcionario público, para que éste haga o deje de hacer alguna cosa relacionada con su función, se está volviendo copartícipe en la comisión del acto ilícito, el ciudadano tendrá temor de denunciar ante la posibilidad de ser acusado de cohecho y, ante esto, lo que se logra es la inhibición de la denuncia de los abusos de la autoridad y, por consecuencia, la corrupción encuentra un nutritivo caldo de cultivo denominado impunidad. Es por esto que, en los sistemas jurídicos, se considera que, cuando el funcionario público amenaza al ciudadano común con un daño excesivo en relación con la falta cometida o se niega a realizar la función a que el ciudadano tiene derecho, se considera que el ciudadano está siendo víctima de extorsión por parte del funcionario y, por consecuencia, se encuentra plenamente facultado para denunciar la conducta incorrecta y lograr con esto la sanción que corresponda al uso indebido del poder, aún y cuando hubiese accedido al acto de soborno. De lo anterior que cuando usted sea sujeto de este tipo de extorsión y se vea obligado a otorgar la dádiva para evitar el daño con el cual se le amenaza o lograr que le sea otorgado el servicio público al que tiene derecho, no debe sentirse como delincuente sino como víctima de un acto criminal realizado por aquel a quien usted, como miembro de la comunidad, le otorgo el poder para defenderlo y no para atacarlo. En nuestro sistema no se diferencia entre el cohecho y la extorsión y, por consecuencia, se inhibe la denuncia del indebido ejercicio de la función pública y se promueve la extorsión, y cuando esto se encuentra fuertemente arraigado, como en el caso de nuestra cultura, su erradicación requiere de grandes esfuerzos que deben brotar no sólo de la propia administración pública, sino de la sociedad en su totalidad, en una lucha que inicia desde el sistema educativo, en el que durante muchas décadas se ha olvidado la formación cívica de la comunidad.
