El teléfono móvil emitió un sonido, anunciando que había llegado un mensaje de texto, el dueño del dispositivo se encontró con lo siguiente: “En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío datos del velatorio, espero puedas venir”, el mensaje contenía un enlace y el receptor dio el clic, en ese instante su celular se vio infectado de un Malware, que permite, a quien lo envió, tener acceso al contenido del móvil y control sobre el micrófono y la cámara; ahora, sin que el dueño lo supiera, su vida pública e íntima era conocida por quienes se habían introducido en el sistema de su teléfono.

El creador del sistema electrónico que permite infectar los teléfonos móviles, sin que el dueño se entere, es la empresa israelí NSO GROUP y el software es conocido como. Ahora se conoce que esta tecnología ha sido utilizada por el gobierno mexicano para espiar a periodistas, activistas contra la corrupción y defensores de Derechos Humanos.

La madeja se empezó a desenmarañar, gracias al activista, Ahmed Mansoor, quien dio a la organización Citizen Lab, de la Universidad de Toronto en Canadá, información sobre la empresa Israelí mencionada y sus actividades. La organización académica se dio a la tarea de investigar sobre el tema y descubrió que el gobierno mexicano, a través de instituciones de combate al crimen y seguridad nacional, ha adquirido el software en mención y lo ha utilizado para diversos objetivos.

Lo primero que detectó Citizen Lab, fue que PEGASUS se estuvo utilizando por problemas que se presentaron en relación al impuesto extraordinario que se impuso a las gaseosas, el que debiera destinarse a programas de salud pública. El gobierno mexicano había recaudado más de 50,000 millones de pesos y se negaba a dar información sobre el destino que se dio a esos fondos, por lo que organizaciones de la sociedad civil y algunos congresistas, empezaron a exigir se informase al respecto. Los teléfonos celulares de personajes involucrados en esa lucha fueron contagiados por el Malware y sus actividades espiadas a través de esa tecnología.

Al conocerse esta información, tres organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y la Libertad de Prensa: Article 19, oficina para México y Centroamérica; R3D, en defensa de los derechos digitales y SocialTIC, se abocaron a realizar un estudio sobre el uso del programa PEGASUS por las autoridades mexicanas, del que resultó información alarmante.

Se ha evidenciado que periodistas, defensores de Derechos Humanos y activistas contra la corrupción, han sido atacados por el Malware en sus teléfonos celulares para ser espiados sin que se enteren y el denominador común en todos ellos es que han estado realizando actividades que son muy sensibles para el Gobierno Federal mexicano.

Las personas objeto de ataques, han sido  de la organización Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, involucrados en investigaciones de alto impacto hacia el ejército y la policía en México, como la tortura, los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y las ejecuciones sumarias realizadas por el ejército en Tlatlaya. El grupo Aristegui Noticias, recibió también intentos de espionaje electrónico Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, en las personas de los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Carmen Aristegui y el hijo de esta última Emilio Aristegui; estas personas se encuentran relacionadas con los casos de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, las relaciones con el empresario Armando Hinojosa Cantú y el involucramiento de este último, con las filtraciones conocidas como los papeles de Panamá.

También han sido objeto de ataques los teléfonos de Juan Pardinas y Alejandro Zapata, del Instituto Mexicano de la Competitividad, que intervinieron en los proyectos y discusiones de la ley conocida como 3de3, que involucró la creación de una serie de herramientas para el combate a la corrupción, algunas de las cuales fueron rechazadas por los congresistas del PRI y el Partido Verde Ecologista. El ya referido periodista Daniel Lizárraga, también recibió intentos de infección en su celular cuando se encontraba trabajando para la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en una investigación sobre empresas fantasmas que contrataban con el Gobierno de Veracruz. en la época del infame Javier Duarte. Por su parte el periodista Carlos Loret de Mola, también recibió ataques informáticos, al investigar las acciones del ejército sobre ejecuciones sumarias en el poblado de Tanhuato, Michoacán.

El estudio que se comenta pone en evidencia la relación entre las investigaciones realizadas por las referidas personas sobre cuestiones sensibles al Ejército, la Presidencia y la Procuraduría General de la República, y la coincidencia con los intentos de infectar los aparatos electrónicos de estas personas con el programa PEGASUS, el que ha sido adquirido y manipulado por el Gobierno Federal Mexicano, según se evidencia en el documento que se analizó.

A pesar de lo anterior, el Gobierno Mexicano ha pretendido desligarse de esas acciones, con argumentos absurdos. El secretario de Gobernación aludió que no existen pruebas que esas infiltraciones hubiesen derivado de las autoridades mexicanas y el Presidente Enrique Peña Nieto, este 22 de junio, declaró, que espera que la ley también sea aplicada “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”, lo que ha provocado un fuerte malestar en el medio periodístico y de los activistas en México, pues pareciera ser que el gobierno mexicano, más que pretender castigar a quienes han cometido los delitos de violación a la intimidad, pretendiera castigar a quienes han denunciado dichos ilícitos, muy MADURO se vio Peña Nieto.

Lo cierto es que este nuevo escándalo ha provocado una fuerte reacción de los medios en México y parece ser otro clavo en el ataúd del PRI, para las elecciones del año entrante.

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