“Las jurisdicciones santuario en Estados Unidos deliberadamente violan la ley federal en un intento por proteger a los extranjeros de expulsión de Estados Unidos. Estas jurisdicciones han causado daños incalculables al pueblo estadounidense y a la trama misma de nuestra República”. Así reza el decreto, en materia migratoria, emitido por el presidente Donald Trump en enero de este año. Más adelante menciona: “Es la política del poder Ejecutivo facultar a las agencias policiales locales y estatales de todo el país para realizar las funciones de un oficial de inmigración en el interior de Estados Unidos en la máxima medida permitida por la ley”.

En seguimiento a esta política el Departamento de Justicia ha amenazado con cortar fondos federales a las ciudades que no presten a sus fuerzas del orden para colaborar con las autoridades migratorias.

La moneda está en el aire y ya empezó el enfrentamiento entre el gobierno federal y los gobiernos municipales, condales y estatales cuya postura es no prestar a su policía en auxilio a las fuerzas federales en materia migratoria.

El principal argumento que presentan para esta oposición se da en el sentido de que si las fuerzas policiales locales auxilian a las autoridades migratorias, crecerá la desconfianza de la comunidad hacia su propia policía y esta verá disminuida su eficacia en el combate al crimen.

Estimo que este razonamiento es válido. La policía, para ser eficaz, requiere de la cooperación de la comunidad. ¿En cuántas ocasiones en que la policía interviene para detener a un delincuente o auxiliar a un ciudadano lo hace porque se percató, por sí misma, de la situación de apremio o porque fue un ciudadano quien informó a los servicios de emergencia? La respuesta es evidente. Es muy raro que la policía en su actuar se percate de la situación criminal que se desarrolla en ese momento. La regla general es que un miembro de la comunidad ha dado aviso de la situación de emergencia.

En una sociedad en que impera la desconfianza hacia los cuerpos del orden, la comunidad no denuncia los delitos ni las situaciones de emergencia y, por consecuencia, la impunidad empieza a ser un factor importante en el crecimiento de la criminalidad. Al no haber castigo a la conducta criminal, el delincuente encuentra un nuevo motivo para delinquir.

Se ha observado que las autoridades migratorias, en particular el Buró de Vigilancia de Inmigración y Aduanas (ICE), actúa con violencia inusitada y sin respetar la dignidad de las personas que detiene e igualmente arrestan continuamente a quienes se atreven a denunciar delitos.

Si las policías locales se vuelven aliadas de ICE, la imagen que la comunidad tendrá de su propia policía, será la de arbitrariedad. No debemos olvidar que la detención de una persona afecta gravemente la estabilidad familiar y, a través de esto, la de la propia comunidad. La misión de ICE es precisamente detener personas viven en EEUU sin documentos, y si son apoyadas por las policía local, la culpa de la inestabilidad familiar y social recaerá principalmente en esta última, pues es en la que la comunidad tiene puesta su confianza para preservar la tranquilidad y el orden.

El uso excesivo de la fuerza y las actuaciones arbitrarias, son elementos que minan la autoridad moral que debe tener la policía frente a la comunidad, lo que hace crecer la criminalidad. Y la sociedad, al estimar inseguro su entorno, pensará que la policía no hace bien su trabajo, lo que beneficia al crimen y esa pérdida de confianza inhibirá la denuncia ciudadana de los delitos y si a esto agregamos que puede existir una alta probabilidad de que quien contacte a al policía pueda ser interrogado sobre su estatus migratorio, encontramos un nuevo elemento que incidirá en el distanciamiento entre comunidad y policía.

El pedir a las policías locales que indaguen sobre la situación migratoria de las personas, es exigirles que hagan más de aquello para lo que han sido creados. Al implementarse esta política, se afectará la relación entre policía y sociedad, dañando con esto la verdadera función que tienen los cuerpos locales de seguridad, que es conservar la paz y tranquilidad de las comunidades mediante el auxilio a las personas y el combate y la prevención del crimen.

Una buena herramienta para conocer la veracidad de estos argumentos será observar las estadísticas de denuncia de delitos en las ciudades que apoyan las políticas migratorias de la presidencia.

El gobierno federal pretende implementar políticas que, si llegan a aplicarse, sin lugar a duda tendrán como consecuencia el incremento de la inseguridad y un campo fértil para la criminalidad. Muchos gobiernos locales se oponen a esa política y la lucha de poder ha iniciado. Esperemos a ver los resultados.

 

Les invito a ver el video sobre este tema en

https://www.youtube.com/channel/UCVIY16VXPjfvK5_x2Yjn7Aw

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