No es fuera de lo común que los gobiernos hagan trato con delincuentes, tan es así que en muchas ocasiones esto se encuentra regulado como sucede con el caso de los testigos protegidos que suelen ser criminales a los que se les otorga inmunidad por los delitos cometidos a cambio de que proporcionen información.

Aunque también se dan arreglos ilegales entre las autoridades y los delincuentes, en la búsqueda de soluciones difíciles de lograr por la vía legal. Un ejemplo de esto fue la operación «rápidos y furiosos» organizada por la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (conocida como ATF por sus siglas en inglés) que entre 2009 y 2010 promovió la venta de cientos o tal vez miles de armas de fuego a delincuentes mexicanos; otro caso muy connotado fue el del agente de la DEA Enrique Camarena quien fue torturado y asesinado en una operación relacionada con los carteles del narcotráfico mexicano, con quienes tenía contacto para intercambio de información.

Las interacciones entre Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera y el gobierno mexicano son descritas con amplitud por la periodista Anabel Hernández en su libro “México en llamas: el legado de Calderón”, se mencionan evidentemente casos de corrupción, pero también de intercambio de información. Se puede decir que durante los sexenios de Fox y Calderón, el Chapo fue hijo predilecto del régimen y cuando no recibió protección directa de las autoridades era relegado por estas en el combate al crimen. El Capo se evadió del Penal de Jalisco el 19 de enero del 2001, a los cincuenta días que Vicente Fox había asumido la presidencia y fue atrapado hasta febrero del 2014 ¿habilidad o colusión?

El problema de inseguridad en México plantea tres vertientes: la insurrección: hay una gran cantidad de grupos opositores al gobierno que no dudan en utilizar la violencia para lograr sus fines, esto se presenta desde las guerrillas rurales y urbanas, hasta los grupos de autodefensa en múltiples zonas del país, así como los grupos de constantes protesta y manifestaciones como los maestros disidentes del CENTE; la otra vertiente es el crimen organizado que presenta un gran poder económico, armamentista y logístico, su capacidad de corrupción y de hacer frente a las fuerzas del gobierno es enorme, han presentado capacidad de fuego capaz de derribar los helicópteros del ejército; la última vertiente es la criminalidad común cuya atención por la fuerza del Estado se ve reducida por las otras dos.

En el gobierno de Felipe Calderón, se pretendió combatir la inseguridad en un choque frontal en el que se utilizó, en primer término al ejército y posteriormente a la armada ¿acaso el gobierno de Peña Nieto ha cambiado la estrategia y de qué forma?

En su inicio Peña Nieto anunció que sacaría al ejercito de las calles, haciendo ver con esto que sería la policía civil la que se encargaría del combate al crimen, sin embargo vemos que en realidad el ejercito continúa en labores de combate al crimen y diversos sucesos de enfrentamiento de la milicia o las policías contra criminales o supuestos criminales hacen suponer que la estrategia contra la inseguridad se ha transformado en una política de matar y averiguar, los casos que se han ventilado en la prensa y las investigaciones independientes de estos, cada vez hablan más de ejecuciones realizadas por las fuerzas del Estado.

En esta situación se encuentra el caso de Apatzingan en que la Policía Federal ataco civiles en dos ocasiones el mismo día y al parecer hubo ejecuciones sumaria; el caso Tlalaya, respecto del cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendación en la que se tiene por acreditado que el ejército ejecuto sumariamente a 12 de los 22 civiles inmiscuidos en ese enfrentamiento; el caso de Ayotzinapan en donde desaparecen 43 estudiantes con la intervención de la policía y al parecer con una complicidad, al menos pasiva del ejército; la matanza de Ecuandureo en donde alrededor de 45 personas, supuestamente involucradas con el narcotráfico, murieron en un enfrentamiento con las fuerzas del orden y de donde surgen nuevas dudas sobre la versión oficial, las que se reflejan en la posibilidad de nuevas ejecuciones sumarias.

Estos son algunos de los principales indicios que indican que el gobierno de Peña Nieto se ha encontrado ante una encrucijada para combatir la violencia y la inseguridad y ha optado por la vía fácil, lo que ha atraído la atención de los Organismo Internacionales tanto oficiales como la ONU , la OEA o privados como Human Rights Watchers que también se ha expresado sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos en el actual gobierno.

Por otro lado y a raíz de la detención de Joaquín Guzmán Loera, se ha observado la intervención de grupos criminales fuertemente armados en distintas zonas de México como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, que an puesto en duda la capacidad del Estado Mexicano para reestablecer la paz pública en el país.

Las protestas internas y el desprestigio externo del gobierno de México, su imposibilidad de combatir en forma eficiente al crimen organizado y de lograr la negociación con los grupos de insurgencia civil, se han convertido en un verdadero nudo gordiano del cual no parece haber salida.

La fuga de Joaquín Guzmán Loera de la prisión del Altiplano a través de un túnel de más de kilómetro y medio, en un centro de seguridad de altísimo nivel, ha planteado más dudas que respuestas, las opiniones de expertos en los medios mencionan continuamente la imposibilidad de que haya pasado como lo plantea el gobierno y la cacería de brujas ya inició buscando culpables.

Pero hay otra opción ¿es posible que el Gobierno Mexicano y Joaquín Guzmán Loera hayan acordado la salida de este para que haga el trabajo sucio que aquel no puede hacer?

Share this:

Comentarios

Comentarios