Se encontraba sentado en el Salón de Maestros de La Universidad, tenía 15 minutos de descanso antes de iniciar su siguiente clase de Derecho; en eso llegó un compañero maestro quien tenía un puesto de alta responsabilidad dentro del sistema de justicia y la plática versó sobre un reciente informe que la Organización de las Naciones Unidas había emitido sobre el Poder Judicial en México, el primero hizo la observación que una de las situaciones que había destacado el organismo era la insana práctica de que los jueces y magistrados recibiesen instrucciones de cómo debían resolver algún caso en específico, que es conocida en México como “Consigna” y que en ocasiones puede tomar formas sutiles como el que hable el Secretario de Gobierno y le diga al superior del juez que -el señor gobernador tiene mucho interés en este caso pues el señor …. le ayudó en su campaña-.

El funcionario judicial, con cierto dejo de indignación le dijo – ¡la consigna no es corrupción! –

Él no pensaba que un sistema de justicia solo se puede validar por la seguridad en sus sentencias y que esta solo puede existir cuando el juez resuelve los casos con la ley y los hechos probados, pues cuando intervienen otros factores, como el interés de un funcionario, el dinero o los intereses personales del juzgador, la justicia se corrompe y deja de ser confiable para la sociedad.

En México tenemos dos sistemas de justicia, uno federal y el otro que corresponde a cada uno de los Estados y de la Ciudad de México, pero el federal, viene a ser, a fin de cuentas, en donde los casos de gran interés llegan, pues es este sistema el que tiene la obligación de velar porque los actos de las autoridades sean conformes a la constitución.

Durante buena parte del siglo pasado, en el Sistema de Justicia Federal las cosas estaban hechas para que la “consigna” interviniera cuando fuera necesario para los intereses de los políticos, independientemente de los casos en que el funcionario judicial inclinaba la balanza por el “moche”, que eran menos frecuentes de lo que se cree.

La consigna florecía, porque el Poder Judicial Federal estaba controlado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eran la que manejaba el presupuesto y la designación de jueces y magistrados y el presidente de la Corte tenía en sus manos ese gran poder, pero solo duraba en su encargo un año, concluido el cuál, los ministros designaban un nuevo presidente.

Cada presidente de la Corte, durante su período designaba jueces y magistrados, según surgieran las necesidades y estos nombramientos creaban compromisos y así si un caso llegaba ante un juez que había sido nombrado por cierto ministro y era necesario incidir en la decisión, lo que aconsejaba la práctica corrupta era contratar un abogado de los llamados cabilderos, que conocían los tejes y manejes de la SCJN y obtener una entrevista con el ministro adecuado, el que hablaría con el juez y cobraría los favores otorgados.

Así, cada año el ministro en turno adquiría su cuota de poder, para usarla después, según convéniese a los intereses personales o de terceros poderosos y la justicia funcionaba, con honrosas excepciones, bajo ese método de corruptas influencias de aquellos que podían acceder a la maquinaria que así movía a la justicia.

Fue durante el gobierno de Ernesto Zedillo que se dio un vuelco determinante a ese estado de cosas, se adoptó un sistema de organización que en Francia había sido exitoso para limpiar al sistema de justicia. Se creó un organismo denominado Consejo de la Judicatura Federal, este se encarga de administrar al Poder Judicial Federal, tanto en lo administrativo como en la designación del personal, incluyendo jueces y magistrados.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la importancia de sus decisiones, permaneció independiente y quedó compuesta por 11 ministros, que componen dos salas de cinco miembros cada una y el presidente, la reunión de todos los ministros y el presidente para resolver casos especiales, es denominado Pleno.

Otros aspectos que se regularon fue que los ministros solo pueden durar en su encargo 15 años, cumplidos los cuales deben ser sustituidos por un ministro electo por el Senado, de entre tres personas propuestas para el cargo por el Presidente de la República, así se separa el compromiso del ministro con el presidente, pues quien realmente le elige es el Senado.

Otro aspecto que se reguló, con el fin de alejar a la Suprema Corte de la influencia del titular del ejecutivo, fue que el presidente de la Corte sería electo por un período de cuatro años, por votación de sus compañeros.

Al darse la elección del presidente del país por 6 años y la del presidente de la Corte por 4 años, se garantiza que no coincidan los tiempos de poder entre ellos y así mantener el tan necesario equilibrio y separación de poderes, pues será la Corte la que juzgue la constitucionalidad de los actos del presidente y del congreso, garantizándonos a los mexicanos, que nuestra constitución se acata y dándonos seguridad en la convivencia al tener un cuerpo legal que rige nuestras relaciones sociales.

Lo anterior explica, a mi parecer, la trascendencia de lo que ha sucedido en el poder legislativo, al establecer el período del presidente de la Corte por seis años, pues el nombramiento de este y la asunción al cargo del presidente coincidirían y, seguramente también los intereses.

Pero esto va más allá, una de las críticas que se han hecho al Consejo de la Judicatura, es que su presidente, lo es también el de la Suprema Corte y como las quejas contra jueces o magistrados deben pasar primero por la presidencia, se ve con claridad el riesgo en que se encuentran los jueces valientes que se atreven a enfrentar los designios de un presidente del país, púes si dictan resoluciones que no gustan al señor en el poder, podrían ser revisados por un Consejo de la Judicatura cuyo presidente estaría en complicidad con el afectado por las decisiones presidenciales.

La inconstitucionalidad de lo que ha aprobado el congreso es tan evidente y aberrante que dejo ese tema para otros, pero el peligro de que tengamos un poder judicial sometido a los designios del presidente de la República se presenta para los mexicanos como un evidente riesgo de vivir en la ilegalidad de un autoritarismo para el que la constitución solo es papel higiénico.

¿Es eso lo que merecemos los mexicanos?

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