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La Suprema Corte de Justicia de México, acaba de ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas por el impulso que ha dado en nuestro país a los Derechos Humanos. Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de dicho organismo internacional, informó que los motivos por los cuales se decidió otorgar el reconocimiento del mérito, fueron: el papel fundamental que dicho tribunal realizó en la reforma a la constitución en el 2011 y las decisiones que ha tomado para proteger los derechos fundamentales como el alcance de la jurisdicción militar, el interés superior del niño, los derechos de los pueblos indígenas, la prohibición de la tortura, la libertad de expresión así como la adopción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El camino para llegar a este reconocimiento no ha sido sencillo, ha implicado enfrentamientos entre el organismo internacional y el Poder Judicial Mexicano y por otro lado no puede desconocerse la intervención de factores de renovación dentro de la Suprema Corte de Justicia que han permitido llegar a este reconocimiento de que debemos enorgullecernos. Como un antecedente inmediato encontramos que el 24 enero del año 2002 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU hizo público un informe sobre la situación de la independencia de los magistrados y abogados en nuestro país, nada favorable, se refiere que en las actuaciones judiciales a menudo se violentaban las debidas garantías de las personas, que el juicio de amparo es terriblemente lento y retrasa al sistema de administración de justicia, se menciona que más de un 50% de los jueces federales son corruptos, que existe una grave desconfianza de la comunidad hacia el sistema de justicia, que, a pesar de las denuncias por corrupción, pocas medidas disciplinarias que se habían aplicado, que no existen parámetros para el ejercicio de la abogacía ni tampoco organización que pudiese controlar las faltas de ética dentro de la misma y que no existe tampoco, una política común para la enseñanza del derecho. La primera reacción de la Suprema Corte de Justicia fue defensiva y en mayo del mismo año emitió un documento denominado «Respuesta al informe del relator de la ONU para la independencia de jueces y abogados» en el que, a mi parecer, más que dar una respuesta válida se buscaba la forma de privar de validez formal (chicanear) el trabajo elaborado por el organismo internacional; así se menciona que el relator de la ONU actuó fuera de sus funciones, que nunca se establece que se considera como corrupción, que el informe se basa en suposiciones y en general que el informe se encuentra impregnado de imprecisiones, falta de congruencia y es carente de metodología. A mi parecer, como abogado que ha tenido que enfrentar en múltiples ocasiones resoluciones absurdas que sólo se explican por intereses ajenos a lo jurídico, la ineficiencia y en algunos casos, la evidente falta de capacidad de los funcionarios judiciales federales, al leer la respuesta que dio la Suprema Corte a la Organización de las Naciones Unidas, mi primer pensamiento fue «se están rasgando las vestiduras», pues aún y cuando dicho informe si tenía algunas fallas, sus conclusiones para mí, eran correctas. El 18 abril 2011, el organismo internacional público un nuevo informe respecto del sistema de justicia mexicano, el que fue mucho más favorable; en sus conclusiones menciona que en términos generales, el Poder Judicial Federal es independiente e imparcial y que el papel de la Suprema Corte de Justicia en los últimos años ha sido fundamental para la apertura del sistema de justicia a la sociedad e impulsar las reformas necesarias en el país; aunque observa también fallas en el sistema, criticando la fuerte dependencia que existe en los Sistemas de Justicia de los Estados respecto del Poder Ejecutivo y la falta de transparencia. Volviendo a los motivos que la ONU toma en consideración para otorgar a la Suprema Corte el reconocimiento mencionado, considero que es de destacarse el que, por primera vez en nuestro país, se decidió respecto a la procedencia de acatar en nuestro sistema la resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción había sido reconocida desde 1998, estableciendo que en caso de conflicto entre una norma de Derechos Humanos y la Ley Mexicana, debe prevalecer la primera. Recientemente también la Corte Mexicana ha reconcomido que las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser acatadas por nuestro sistema judicial. Esta resoluciones fueron el resultado de un constante enfrentamiento entre los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, algunos aferrados a los antiguos parámetros y otros tratando de establecer paradigmas que hicieran evolucionar el Sistema Jurídico Mexicano. En un análisis de los precedentes que se fueron dando sobre el tema durante el presente siglo, encontramos que este se trató inicialmente, en los Tribunales Colegiados de Circuito, que son tribunales de rango inferior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera vez que la Suprema Corte trata estos temas fue en el año 2007 y quien intervino fue la ministro Olga Sánchez Cordero de García Villegas; la siguiente resoluciones emitidas se dieron en el año 2008 y 2009 y fue ponente el ministro José Ramón Cossío, y en ellas se aplican directamente criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en el 2011 se decidió que la resoluciones emitidas por el mencionado tribunal internacional no podían ser discutidas por el sistema judicial mexicano, sino que debían ser acatadas en forma directa, quienes se encargaron de elaborar esta resolución fue la ministro Margarita Beatriz luna Ramos como ponente y el ministro José Ramón Cossío, como encargado del engrose. En el mismo asunto, se votó la inconstitucionalidad del artículo 57 fracción segunda del Código de Justicia Militar, también se determinaron los parámetros a través de los cuales se debería establecerse un control de constitucionalidad en aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. De la intervención a favor de esta reforma por parte de algunos ministros de la Suprema Corte y de la oposición por parte de otros, se puede deducir que uno de los principales impulsores del reconocimiento del Sistema Internacional de Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido el ministro Cossío Villegas, quien en su desarrollo profesional no se forjó como miembro de la judicatura, sino como académico e investigador del Derecho. Es interesante observar que la Suprema Corte de justicia de México necesitaba inyección de pensamientos nuevos y la evolución que se vino a dar desde aquella famosa respuesta a la Organización de las Naciones Unidas hasta el actual reconocimiento del peso y su aplicación en el sistema jurídico del país, obedece en buena parte a las nuevas ideas que llevó ante dicho órgano judicial un hombre forjado en el estudio y la investigación, lo que nos dice que no necesariamente quien ha sido juez toda su vida, será el mejor juez y que todo sistema de justicia necesita renovarse a través de la inclusión dentro de sus filas de juristas que lleven nuevas formas de pensamiento que permitan evolucionar. Como jurista, mi reconocimiento a todos aquellos Magistrados de Circuito y Ministros que tuvieron la valentía de romper paradigmas y enfrentar lo establecido.
