Por: Oscar Müller

Primera parte.

En ese edificio se encuentra uno de los patios centrales mas hermosos de la parte vieja de Barcelona y tiene una especial historia, pues fue construido inicialmente por la orden de los caballeros templarios en el siglo XII, quienes aprovecharon el viejo pero resistente muro defensivo construido mil años antes por los romanos; cuatro siglos después pasó a poder de la Iglesia Católica donde se instaló el Diácono o Arcediano, encargado de juzgar los conflictos propios de la organización religiosa, en cuyo poder estuvo por otros cuatro siglos. En 1835 España vivió el proceso de desamortización de bienes y el edificio otra vez cambió de dueño; se instalaron ahí juzgados y artesanos y para el año 1895, la propiedad fue adquirida por el Colegio de Abogados que le restauró, lo que trajo una especial modificación en su fachada, elaborada por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, uno de los exponentes del Estilo Modernista Catalán, quien estampó un detalle que ha caracterizado al edificio desde entonces: un buzón que representa a la justicia.

Se trata de un rectángulo, elaborado con mármol blanco, que contiene tres motivos: cinco golondrinas que representan lo alto de la justicia (a lo que agregaría lo veleidoso de la justicia, como lo es el vuelo de esas aves). Siete hojas de hiedra representan el camino tortuoso y repleto de obstáculos que se tiene que recorrer para alcanzar la justicia y, en el extremo inferior derecho, se encuentra una tortuga simbolizando la lentitud conque la justicia actúa; existe la creencia que tocar la concha del quelonio, da buena suerte y por eso en esta se puede ver cierto desgaste en la parte superior.

Este mes se ha cumplido un año que México acudió ante la justicia de Estados Unidos mediante demanda contra empresas de armas ante un tribunal federal en Massachusetts, y el gobierno mexicano ha dado a conocer los pormenores de lo que ha sucedido en ese proceso judicial, durante ese tiempo.

Son siete comercializadoras y fabricas de armamento demandadas, entre las que se encuentran Smith & Wesson Brands, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company; Sturm, Ruger & Co., Inc. y Witmer Public Safety Group, Inc.

El escrito se compone de 11 partes y 141 páginas; en su parte introductoria se describe la justificación de la demanda, mencionándose que:

Se ha detectado que entre un 70 a 90% de las armas incautadas a los grupos criminales en México, son llevadas de Estados Unidos y que, de esas armas, la mayoría de ellas provienen de una serie de negocios con sede en el estado de Massachusetts.

Se describe como, por décadas han fluido armas de corte militar a los grupos criminales en México, lo que obedece a las prácticas comerciales que realizan las compañías de armas, las que implican políticas de venta, uso de distribuidores corruptos en la comercialización y diseños fácilmente modificables, para transformarlos en armas automáticas.

Se señala que, en esas prácticas de comercialización, las compañías han aprendido a fabricar y comercializar armas y municiones, de acuerdo con las demandas de los cárteles. Esto en desacato a las recomendaciones que, han emitido la presidencia norteamericana y la Suprema Corte, con el fin de evitar el daño que ese comercio indiscriminado de armas ha causado tanto dentro de los Estados Unidos, como en México.

En la demanda también se menciona que en México hay un solo comercio de armas que vende 50 de estas al año, pero de Estados Unidos llega a esa región un torrente de al menos 340,000 armas en ese mismo periodo. Es un tráfico masivo que se encuentra bien documentado en informes oficiales, estudios académicos, y la Organización de las Naciones Unidas ha seguido la huella de las armas, desde las escenas del crimen en México, hasta las fábricas y comercios en Estados Unidos, los que se han negado a implementar prácticas y establecer protocolos para resolver esa situación, a pesar de haber sido convocados para esto, como antes se señaló.

Como ejemplo se menciona la compañía Barrett, que produce y comercia con armas calibre 50, hechas para atravesar blindados o derribar helicópteros, las que solo debieran estar en manos de fuerzas armadas institucionales y la empresa cierra los ojos, ante el hecho que estas armas se vendan al público a pesar de que sabe perfectamente, que van a parar a los grupos criminales en México.

También se hace referencia a que algunas empresas de armamentos importan armas de Rumania, las Ak-47 (más conocidas como “Cuerno de Chivo”), estas armas son llevadas a Estados Unidos conforme a las reglas de ese país, pero las convierten en semiautomáticas y las dejan preparadas para ser transformadas fácilmente en automáticas, simulando así cumplir con la ley, pero creando un producto cuyo principal mercado son los carteles mexicanos.

En Estados Unidos de 1994 al 2004, estuvo prohibida la venta particular de armas de asalto, pero al liberarse en ese último año la fabricación de armas estilo militar y de asalto, su oferta se incrementó significativamente; existiendo una relación directa entre este incremento y el crecimiento de la violencia en México.

Las empresas demandadas han permanecido impávidas ante la muerte de niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos comunes, que llevaron a reducir la expectativa de vida en México y tuvo un costo para las arcas públicas de billones de dólares al año. Literalmente se menciona que las armas que así venden, “son el veneno en los colmillos de las víboras de los cárteles criminales.”

Las empresas demandadas han participado intencionalmente en este fenómeno, obteniendo grandes ganancias con eso.

Los argumentos legales que se razonan en la introducción de la demanda se analizarán en la segunda parte de este artículo.

Crédito de la imagen https://www.shbarcelona.es/blog/es/

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