Con sus acostumbrados desplantes de reality show, Donald Trump anunció sus políticas anti inmigrantes, durante su campaña. Ahora que ha sido electo Presidente de Estados Unidos, la peor pesadilla para millones de personas se acerca a convertirse en una realidad y no un espectáculo de televisión. Pero las amenazas se trasladan también a las ciudades norteamericanas que han preservado políticas favorables a la migración, un futuro incierto.

En 1996, el Congreso Federal aprobó la denominada Illegal Inmigration Reform and Inmigrant Responsability Act, que en su sección 287 establece la obligación de las autoridades locales de prestar ayuda a las federales en materia de migración. Pero la verdad es que muchas de las propuestas en esta ley, se vuelven discriminatorias en la práctica y no solo inciden en la vida y dignidad de los inmigrantes indocumentados, sino también en las de aquellos que cuentan con permisos para radicar en el país y hasta en quienes son ciudadanos.

Esto tuvo como consecuencia qupara las autoridades migratorias de Washington, implantar sus programas migratorios, sin la cooperación de los gobiernos de las propias ciudades: bases de datos, fuerzas del orden, votantes, estudiantes, gobiernos de barrios y otra gran cantidad de herramientas que se encuentran en la competencia de las autoridades locales, son necesarias para que las políticas planteadas por Trump, se puedan implantar.

Existe una fuerza que pueden utilizar las “Ciudades Santuario”, para contrarrestar las presiones del gobierno federal: los países se encuentran regidos por leyes internacionales y sujetos a la vigilancia de los organismos internacionales, el principal de estos es la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Oficina para la Educación, la Cultura y las Ciencias (UNESCO), se ha dado a la tarea de crear la Coalición de Ciudades Inclusivas y Sustentables (ICCAR, por sus siglas en inglés), lanzada en marzo del 2004, con la intención de asociar   ciudades alrededor del mundo, para implementar políticas e intercambiar experiencias en su lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación y la exclusión. La intención de ese proyecto es establecer planes centrados en diez puntos, los que cubren áreas de competencia de las ciudades, como educación, habitación, empleo y actividades culturales.

Siguiendo dicho proyecto y en recuerdo del asesinato de cuatro niños con una bomba por un extremista blanco en Birminghan Alabama en 1963, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, la UNESCO y el Departamento de Estado, el 12 de septiembre del 2013, crearon la Coalición de Ciudades contra el Racismo y la Discriminación; el plan de diez puntos de acción fue propuesto a los alcaldes como condición para adherirse a esa coalición y a la fecha más de 50 ciudades de la Unión Americana se han adherido, peros son más de 200 entre los estados, condados y las ciudades calificadas bajo el rubro de “Santuario”, en toda la Unión Americana.e algunos Estado y una gran cantidad de Condados y ciudades de los Estados Unidos, adoptaran prácticas que han favorecido a los grupos de inmigrantes, a través de políticas como no interrogar a las personas sobre su estatus migratorio, conceder permisos de conducir, dar acceso al sistema educativo, sin indagar sobre situación de residencia, y muchas otras. Estas entidades son conocidas con el nombre genérico de “Ciudades Santuario”. A esta política se han adherido Estados como California, Maine y Utah y muchas ciudades, entre las más populosas se encuentran: San Diego, Los Angeles, San Francisco, Miami, Chicago, Seattle, Houston, Detroit, Salt Lake City, Minneapolis, Baltimore, Portland, Denver y New York City.

Esto ha acarreado más conflictos entre Federación y las “Ciudades Santuario”, en 2007 se presentó un proyecto de ley que determinaría como criminal cualquier inmigrante indocumentado y propuso la retención del 50% de las aportaciones federales en área de Seguridad Interior a estas ciudades y Donald Trump ha prometido cortarles todos los fondos federales.

El conflicto se agravará, las políticas pro migrantes de estas ciudades chocarán con las del nuevo Gobierno Federal que se avecina este enero. Es muy difícil

Si las “Ciudades Santuario” que no están en la coalición, se unen a esta, tendrán un arma más para enfrentar las políticas antinmigrantes de la administración federal que inicia en enero, pues los recortes de fondos y otras políticas que se implementaran en contra de estas ciudades, implicarían la violación de reglas internacionales, lo que desprestigiaría al gobierno de Washington ante la comunidad internacional y esto serviría como freno a las políticas discriminatorias y xenofóbicas que se avecinan y que perjudicarían a la población en general.

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