El debate ha llegado a los medios, en donde el escándalo de muchos corre, como fuego en el pastizal; esto debido a que los sectores conservadores de la sociedad mexicana han manifestado fuerte oposición a la iniciativa de ley firmada por el presidente Peña Nieto este 17 de mayo, en ella se proponen una serie de reformas que tienden a reconocer la diversidad sexual y otorgar derechos a quienes no son heterosexuales.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, Jalisco es uno por los Niños, la Unión Nacional de Padres de Familia (que presume representar a más de mil asociaciones), el Consejo Coordinador de Movimientos para la Vida y la Familia y los Pastores Evangélicos, entre otros, rechazan la reforma e inclusive se han dado a la tarea de recabar firmas, a través de las redes sociales, para exigir el retiro de la iniciativa en cuestión.

Una de las cuestiones más discutidas es la reforma al Código Civil Federal, que prohíbe la discriminación por orientación sexual o la identidad o expresión de género, en el caso de la adopción de menores.

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El arzobispo de México, se lamentó que no se hubiese consultado a la sociedad para esta iniciativa.

La decisión no fue tomada a la ligera, se encuentra dentro de una serie de reformas que han brotado de un proyecto denominado Diálogos para la Justicia Cotidiana, cuyo desarrollo fue encomendado a una institución denominada Centro de Investigación y Docencia Económicas, la que realizó foros de consulta entre enero y febrero del 2015, para, en los meses de marzo y abril, organizar y exponer las conclusiones obtenidas.

 

El informe del CIDE, menciona las personas e instituciones que participaron en la consulta, entre las que se cuentan organizaciones empresariales y sindicatos laborales; Universidades prestigiadas, tanto públicas como privadas; organizaciones oficiales y civiles de Derechos Humanos, tanto de México como internacionales; organizaciones religiosas, incluyendo alguna de la Iglesia Católica y especialistas científicos como: abogados, antropólogos, sociólogos, psicólogos y médicos. Fue, sin lugar a dudas, una consulta muy amplia en cuanto a la sociedad civil y, de fondo, en cuanto a la capacidad científica de los intervinientes.

Entre las conclusiones presentadas, se menciona la existencia de legislaciones en todo México, que tienden a excluir de la vida común a grupos minoritarios, que son discriminados tanto en la ley como en la práctica; de donde se derivó que la protección legal a la familia, no puede limitarse al concepto tradicional considerado como unión entre hombre y mujer que pretende la procreación y convivencia común; pues existen otras formas de familia que deben ser protegidas por la ley, como aquellas que no tienen descendencia o las que se componen de un solo padre o madre, matrimonios o uniones de hecho y aquellas homoparentales, que se componen de dos personas del mismo sexo, con la posibilidad de tener hijos, biológicos o adoptados o que ya los tienen.

Se menciona que, desde el punto de vista legal, el matrimonio comprende una serie de situaciones que benefician a quienes lo conforman, fiscales; solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges; económicos y de propiedad; toma de decisiones médicas, cuando el otro cónyuge no pueda hacerlo; migratorios para extranjeros y otras más.

De lo anterior que en la iniciativa se estime que la exclusión a las parejas homosexuales de la figura del matrimonio, implique una triple discriminación: la limitación del matrimonio a las parejas heterosexuales lleva en sí un mensaje excluyente a las parejas distintas, negándoles derechos y por ende discriminándolas; se priva a la pareja de la serie de beneficios que implica el matrimonio y excluye no solo a quienes conforman la pareja, sino también a los hijos, que se ven privados de los beneficios que si tienen los de un matrimonio reconocido por la ley, como los derechos a la educación y la manutención.

Sobre el aspecto que nos interesa en este espacio, relacionado con el derecho a adoptar de

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Según UNICEF, más de niños en el mundo, menores de cinco años, mueren al año por desnutrición y cien millones de ellos carecen de la oportunidad de ir a la escuela. Imagen. UNICEF

las parejas homosexuales, se afirma que negar el derecho a un niño de ser adoptado por la cualidad de la pareja que pretende la adopción, implica negarle al menor el derecho a tener una familia.

 

Que, como consecuencia de lo anterior, lo que debe importar para el efecto de la adopción, es que el o los adoptantes puedan proveer al adoptado, las condiciones de cuidado y desarrollo que le representen una mejor opción de vida.

Así pues, la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto, se encuentra sustentada en una consulta realizada a la sociedad y de frente a esta y se motiva en opiniones de expertos en las áreas que se relacionan con el tema.

A pesar de lo anterior, me brota la duda respecto a los motivos no mencionados en la iniciativa, pues es un hecho que el gobierno mexicano, desde hace un año, ha sido duramente criticado por los organismos internacionales, debido a las graves violaciones a los Derechos Humanos que comete continuamente; como las desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, los ataques a la Libertad de Expresión y la tortura.

El estudio realizado por el CIDE, fue concluido en abril del año pasado y no es hasta mayo de este año, que la presidencia de México lo toma en consideración, para proponer las reformas legales mencionadas.

De lo anterior que, no sería ilógico concluir que, las reformas no habían sido propuestas debido a la oposición que derivaría de los grupos conservadores en México, como sucedió; pero que el desprestigio internacional del gobierno de Peña Nieto, le ha obligado a dar este paso, a pesar de la afectación interna a su imagen y la del su partido, el PRI, en época de elecciones.

Video de la opinión

Crédito de la imagen de portada: sipse.com


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