México “todo conforme a la ley”

by • marzo 1, 2016 • corrupción, Criminología, Democracia, Derecho Internacional, Derechos Humanos, etica del servicio público, Justicia, Legalidad, Libertad de Expresión, libertad de prensa, migración, Sistema de JusticiaComments (0)851

De nueva cuenta las autoridades mexicanas pretenden justificar sus indebidas actuaciones con “La ley”, el pretexto más socorrido en México por la clase política para sustentar su falta de moral y salvaguardar su corrupción.

En un reciente informe de Amnistía Internacional, México es calificado en los rubros de seguridad y justicia como uno de los peores países en el mundo, de acuerdo a esa organización no gubernamental que opera a nivel mundial como observadora y defensora de los Derechos Humanos, de cada 4 homicidios que se cometen en el mundo uno de ellos se realiza en México o Venezuela o Colombia o Brasil.

En días pasados comentaba sobre la situación en que se encuentra el político mexicano Humberto Moreira frente a la autoridad de España, país del que tuvo que salir huyendo por su temor a ser detenido y encarcelado.

Poco después de haber escrito dicho artículo, el periódico de Madrid “El País”, cuestionó fuertemente la intervención de autoridades mexicanas de primer nivel tratando de que se liberara a Humberto Moreira, gestiones que superaron con mucho a aquellas que se realizan cuando se trata de un ciudadano común y la embajada de México en ese país, emitió un comunicado en el que menciona que la actuación ante dicha embajada “estuvo apegada a derecho en todo momento”

Desde la excusa del Presidente Peña Nieto cuando, para tratar de explicar las preferencias en contratos públicos a las empresas de Juan armando Hinojosa Cantú y la aparición a nombre de la Primera Dama Angélica Rivera de una lujosa residencia cuyo origen derivaba de dicho empresario, el Presidente procuró lavarse las manos diciendo que conforme a la ley no fue él quien firmó las adjudicaciones de contratos a esas empresas; hasta el simple funcionario administrativo que niega el servicio al ciudadano bajo el pretexto de que la ley le impide realizar tal o cual acto; sin embargo, al ver ante sí el papel impreso con el rostro de algún prócer nacional, se le despierta el patriotismo y en unos momentos agiliza el servicio público que le fue requerido.

Los congresistas en México también tratan de justificar los ofensivos sueldos y la obesa burocracia que les cobija, informando a la ciudadanía que ya aprobaron leyes para mil y una ocurrencias, las que luego no se cumplen en la práctica.

Pero la verdad es que en México las leyes sirven para proteger a la clase política, pero muy poco para proteger a la ciudadanía.

Esto se refleja claramente en el comunicado del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 8 de octubre de 2015, en el que luego de mencionar el trabajo hecho por el gobierno mexicano en la creación de leyes en materia de los derechos esenciales de las personas, describe que a pesar de esto la realidad cotidiana de millones de personas no ve en la vida diaria el reflejo de esa legislación; menciona que “El corrosivo y devastado impacto del crimen organizado y las enormes cantidades de dinero que manejan esos grupos están reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel …”

El informe de Amnistía Internacional a que hacía referencia al principio de esta colaboración, menciona que, por segundo año consecutivo, en México las autoridades se abstienen de publicar estadísticas sobre cifras de personas que han sido muertas o heridas en enfrentamiento con la policía y las fuerzas militares.

Hace referencia a los casos de Apatzingán y Tanahuato en los Estados de Michoacán y México respectivamente, en donde no se han realizado investigaciones respecto de los altos mandos del ejército que intervinieron en la muerte de civiles en dichas poblaciones.

Respecto a la tortura el informe dice que, las investigaciones en contra de los funcionarios que la han cometido no avanzan y no existe voluntad política para procesarlos ni eliminar el fenómeno, a pesar de las reformas legales planteadas y lo mismo sucede con las desapariciones forzadas en México son más de 27 mil y esto sólo en aquellos casos que han sido reconocidos por el Gobierno Mexicano.

Respecto a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se observa que a pesar de que se han creado mecanismos de protección éstos carecen de recursos y que sólo tres años después de la creación de dichos mecanismos, se estableció una unidad de prevención, seguimiento y análisis. Pero la impunidad subsiste pues son escasos los casos en que se atrapa a los culpables y esto promueve que más periodistas en México sean asesinados; en lo que va del presente año ya van tres más que se suman a la lista.

Sobre los sistemas de seguridad y de justicia se refiere que son débiles y corruptos y que falta una voluntad política para fortalecer su independencia e imparcialidad.

Amnistía Internacional ha referido que las reformas legales han sido puestas en la mesa no tanto por la voluntad del gobierno mexicano sino debido a las críticas desplegados por organizaciones de la sociedad civil, los medios de información y por los organismos internacionales.

La reacción sobre estas críticas por parte del gobierno mexicano no ha cambiado, continúan negándose a aceptar la realidad que sufre el país y El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, rechazó que el informe de Amnistía Internacional se refiera a una situación particular en el país, al argumentar que se trata de un reporte “mundial”.

Share this:

Comentarios

Comentarios

Pin It

Related Posts

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.