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La buena imagen de la función pública debe preservarse pues crea confianza en las instituciones y las fortalece. La presencia de conflictos de intereses en el actuar del funcionario púbico daña dicha imagen, de ahí que quienes ocupan los puestos púbicos y sobre todo de alto nivel se vean obligados a no realizar actos que puedan presumir que sus intereses privados se confunden con los públicos que representan. Cuando no solo se da la apariencia, sino que en realidad se preferencia el interés privado respecto del público, entonces el funcionario incurre en un acto de corrupción; cuando además el funcionario recibe un beneficio personal, entonces la figura en presencia es además el soborno que generalmente se encuentra configurada como delito.
El presidente de México se ha visto envuelto en una serie de escándalos que dan fuertes indicios de conflictos de interés, derivados de las relaciones de él, su esposa y el Ministro de Hacienda Videgaray, con empresas proveedoras del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de México, del que fuera gobernador. Todo esto relacionado con bienes inmuebles de un alto valor.
En este tenor se encuentra una casa ubicada en la calle Sierra gorda número 150, de la exclusiva colonia de la ciudad de México Lomas del Pedregal, registrada a nombre de la esposa del presidente, con un valor superior a los siete millones de dólares que fue construida por la empresa constructora del empresario mexiquense Juan Armando Hinojosa Cantú. El diverso inmueble que se encuentra relacionado con dicho empresario, es propiedad del Secretario de Hacienda Videgaray, ubicada en un campo de golf exclusivo denominado Marinalco; la que de acuerdo al periódico Wall Street Journal tiene un valor superior a los trescientos cincuenta mil dólares. Otra propiedad respecto de la cual se relaciona posible conflicto de intereses, es una casa ubicada en Ixtapa de Sal, también en un club de golf exclusivo, cuyo desarrollo es del empresario Roberto Sanromán, esta propiedad con un valor superior a los trescientas setenta y cinco mil dólares, la adquirió el Presidente Peña Nieto en el año 2005, cuando era Gobernador del Estado de México.
De acuerdo a la periodista Carmen Aristegui en el tiempo que el actual presidente Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, las empresas del GRUPO HIGA recibieron obras por un monto superior a los ocho mil millones de pesos y el terreno donde se encuentra construida la casa de la esposa del Presidente, fue adquirida por las empresas de Hinojosa seis meses después de un contrato por cientos de millones de dólares; la casa fue diseñada por el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien en una entrevista aceptó haber tenido contacto tanto con Angélica Rivera como con Enrique Peña Nieto, para el diseño del bien inmueble. A la fecha el empresario mencionado, continúa recibiendo contratos con el Gobierno Federal.
Las empresas de San Román, de acuerdo al periódico norteamericano antes mencionado, ganaron contratos para obras en el Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador, por un monto superior a los cien millones de dólares y durante el tiempo que Peña Nieto ha sido Presidente de México, las empresas de este empresario han ganado cuando menos once licitaciones de contratos del Gobierno Federal.
A pesar de que estas anomalías se han ventilado en los medios desde hace varios meses, no fue sino hasta el día tres de febrero pasado que el Presidente Peña Nieto, hablo sobre el particular, en una conferencia de prensa en la que menciona que él considera que hay conflictos de intereses aparente cuando se da la impresión de presentarse la coalición de estos, sin que en realidad existan. Mencionó que el conflicto de intereses no se encuentra regulado con claridad en la legislación mexicana, que su actuar en la función pública siempre se ha encuadrado dentro del marco jurídico que regula este fenómeno y que él nunca ha participado en procesos de licitación ni otorgamiento de contratos a proveedores del gobierno. Aunque a esto debo aclarar que en sus puestos de Gobernador y Presidente, si ha tenido el poder fáctico de dirigir los contratos que celebran sus subordinados.
Anunció una serie de medidas para combatir el problema de la corrupción en México, entre las que sorprende el hecho de revivir a la Secretaría de la Función Pública, a la que desde el inicio de su mandato había referido se extinguiría, nombró como titular de dicha entidad a Virgilio Andrade Martínez, a quien refirió haberle encomendado que investigue los hechos que se le imputan a él, a su esposa y al Secretario Videgaray, a fin de determinar si hubo conflicto de intereses en los contratos federales celebrados con empresas dedicadas a bienes raíces.
No creo que las acciones realizadas por el Presidente de México sean serias y pretendan realmente esclarecer los hechos que se le han imputado. En primer término, el Secretario de la Función Pública, es nombrado y removido libremente por el Ejecutivo, de acuerdo al artículo 89 fracción II de la Constitución Mexicana, por lo que la acción de Peña Nieto implica decirle a quien su trabajo y un sueldo de más de doscientos mil pesos mensuales depende de su decisión, que diga si ha obrado correctamente o no. El señor Virgilio Andrade, de acuerdo a recientes publicaciones en los medios mexicanos, tiene amistad con Luis Videgaray, desde los años ochenta en que ambos eran estudiantes de licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Conforme a esto, el primero que tendrá conflicto de intereses, será el propio investigador; esto independientemente de que se creará un panel de expertos para revisar las conclusiones del Secretario Andrade sobre el particular, pues, bajo estas condiciones, no se puede esperar un panel realmente objetivo; en segundo lugar, las directrices que dio Peña Nieto al Secretario Andrade, son muy limitadas -solo se investigará respecto de empresas que realicen actividades con bienes inmuebles y relacionados con el Gobierno Federal-, esto limita la investigación, pues los orígenes de conflicto de intereses derivan desde la administración del Estado de México, en donde Peña Nieto y Videgaray ejercían funciones públicas de alto nivel.
Me pregunto si el Presidente Peña Nieto sabe que la propia Constitución de México establece que la función pública deberá dirigirse por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones. Que la imparcialidad implica el hacer a un lado los intereses personales y de amistades, para dar prioridad a la función pública que se ha encomendado. Luego, se puede afirmar con claridad, la administración del Presidente Peña Nieto está plagada de conflictos de intereses.
