En los años ochenta del siglo pasado millones de ciudadanos salíamos a las calles a protestar en forma pacífica por los controles que impedían al sistema político darnos otras opciones; en esas marchas, el Estado Mayor Presidencial, los espías de Gobernación Federal y el ejército estaban presentes, pero los connatos de violencia fueron nulos por decir lo menos, salvo lo que se estaba gestando en Chiapas.

La presión popular llevó al gobierno a crear un órgano independiente que organizara las elecciones y así nació, en 1990, el Instituto Federal Electoral que fue evolucionando hacia lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral, ambas instituciones han sido clave para que la democracia sea una posibilidad en México.

En 1988, cuando el ahora acérrimo morenista Manuel Bartlett fungía como Secretario de Gobernación y por ende encargado de organizar las elecciones, se dio uno de los últimos fraudes a la democracia en México, conocido como “la caída del sistema”, la trampa electoral le dio un poco de respiro al PRI, pero 2 sexenios después el partido oficial salió del gobierno.

El 64% de los ciudadanos mexicanos salimos a votar aquel verano del 2000 y se realizó un cambio pacífico y democrático en el sistema de gobierno de México, la voluntad popular emitió su voto ante la figura de un hombre alto, con acento norteño y botas vaqueras y de un hablar dicharachero, estábamos fastidiados de la clase política representada por ese eterno PRI y optamos por la nueva opción que representaba el candidato del Partido Acción Nacional.

Sufrimos un desengaño, el señor Fox resultó ser un fanfarrón que pocas promesas cumplió, pero tras de él si hubo gente capaz y bien intencionada que quería limpiar vicios del pasado y así brotó la transparencia, sustentada en la idea de que el gobierno actúa por la decisión popular y por consecuencia debe rendir cuentas a la sociedad que es la titular del poder, por lo que lo que las autoridades hagan debe estar a la vista de cualquiera que quiera conocerlo.

La transparencia es también una forma de vivir la democracia, no solo cuando se celebran elecciones, sino a través de un proceso de vigilancia y crítica o aprobación del actuar gubernamental, que brota del conocimiento de lo que los funcionarios públicos hacen, sobre todo con el dinero que los mexicanos les confiamos para que administren al país.

Es en ejercicio de la transparencia que la periodista Isabel González penetró en el sistema de compras de las obras del aeropuerto de Santa Lucía y descubrió que entre 2019 y 2020 se dieron 966 contratos a empresas fantasmas o boletinadas por estar inmiscuidas en actos indebidos, lo que se dio a conocer el 19 de noviembre, a través del noticioso Latinus, en esto se involucran más de cien millones de pesos que los ciudadanos confiamos al actual gobierno; coincidentemente, el mismo sistema de robo de fondos públicos que se utilizó con especial entusiasmo en el gobierno del priista Peña Nieto, pero lo grave de esto es que en el caso actual es el ejército mexicano el que se encuentra inmiscuido en esos actos de corrupción.

Esto debe haber molestado a los altos mandos del ejército mexicano y esa molestia se expresó en el apoyo, personal, que no institucional, le otorgó el jefe del ejército General Manuel Crescencio Sandoval al presidente López Obrador y su proyecto, con las siguientes palabras: “… es un orgullo poder contribuir a la transformación que se está viviendo… como mexicanos es necesario estar unidos al proyecto de nación que está en marcha…”

El director de la reconocida agencia de Derechos Humanos Human Rights Watch, expresó el sentir de una gran mayoría al decir que “… los militares se meten en la política partidista, la democracia peligra…”

Para nadie es secreto la apertura incondicional que el presidente López ha dado a las fuerzas armadas en muchas áreas que debieran estar en manos de la autoridad civil, el combate a la seguridad, las aduanas, la construcción y manejo de obras prioritarias como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las aduanas y puertos, entre otros.

El apoyo de Sandoval al presidente no fue gratuito, dos días después, se emitió un decreto que, para lo que nos interesa, dice:  “Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”

Nos encontramos con tres hechos que aislados no pudieran significar gran cosa, pero que si los unimos tenemos que concluir que existe una colusión entre la presidencia y el ejército para golpear a la democracia en México.

Esa conclusión surge desde el momento que la legislación de transparencia permite al gobierno reservar la información de aquello que tenga que ver estrictamente con la seguridad nacional y con ese decreto, se pretende que los ciudadanos no tengamos acceso a la información respecto a lo que se está haciendo con nuestro dinero en las situaciones mencionadas y por ende no podamos ejercer nuestro derecho de crítica, respecto a los actos indebidos que se cometan, como los desvíos de recursos a través de empresas fantasmas que ya fueron exhibidos.

Pero hay un pequeño detalle, el ejército está interviniendo como auxiliar en las obras de carácter civil (asimétricas) y no en su función estrictamente militar, por lo que no se puede cambiar la naturaleza de esa función por simple decreto que expresa un capricho presidencial y una colusión en contra de la transparencia, la honestidad y la democracia.

Crédito de la imágen: Presidencia de la República, México

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