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Por Oscar Müller C.
La discusión entre ambos llevaba ya días y la mente de Erick, cada vez más, se empapaba en la ira. Ese día estalló, el bestial sujeto dio muerte a su joven esposa y, asustado de lo que hizo, descuartizó el cuerpo de Ingrid y cortándolo en pequeños trozos, pretendió deshacerse de él arrojándolo al escusado y cuando este se tapó, tiró los restos al drenaje público. Su expareja se enteró y lo denunció y cuando llegó la policía, uno de los agentes de la ley, tomó dantescas imágenes de aquella escena y las subió a la red.
Esto escandalizó a la sociedad, los feminicidios en México son una constante que se nutre del caldo de la impunidad, que abarca todo el ámbito de criminalidad de este país y que desde hace dos semanas, ha sido uno de los principales cardos en la calceta del presidente mexicano, quien a pesar del crecimiento de la violencia y el poder de las bandas criminales, se ha negado a modificar la estrategia de seguridad pública, de cuya ineficacia sufrimos los mexicanos del día a día y que nos hace vivir en una sociedad, cada vez más agresiva y carente de civilidad.
Alfonso Durazo es una persona con un gran curriculum que nos permite ver que se ha esforzado por preparase, con estudios del más alto nivel y, de sus andares por la función pública, pudiera discernirse un afán de preocupación por México; ha pasado por varios partidos políticos y ocupado puestos de alta responsabilidad, sin importarle el cariz ideológico del grupo para el que trabaje; de 2018 a 2020 fue el Secretario de Seguridad Pública y, por tanto, uno de los artífices del caos de violencia en que ahora vive México.
Renunció a su cargo en el gobierno federal y ahora es gobernador de Sonora donde la violencia no ha remitido, a pesar de la experiencia y los estudios que el gobernador Durazo debe tener en el área de Seguridad Pública.
Me extrañó en verdad, que un hombre tan capacitado haya propuesto al congreso una reforma penal, a todas luces absurda y contraria a la libertad de expresión.
El gobierno sonorense, a principios de este mes, aprobó una reforma al Código Penal que pretende aplicar de cuatro a diez años de prisión a quien “audio grabe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres”.
Esta reforma es conocida como la “Ley Ingrid”, en relación con el caso que comentaba al inicio de estas líneas, al igual que una reforma federal, pero aplicable exclusivamente a los funcionarios públicos, que sanciona la realización, por parte de estos, de los actos descritos en dicha norma.
El problema con la reforma sonorense es que aplica a cualquiera y de esta manera, se constituye en una regla penal autoritaria y propia de una dictadura, pues se penalizaría a los particulares y, sobre todo a los medios de comunicación, limitando las libertades de expresión y prensa, de una forma contraria a las facultades de difundir información, que son propias de los gobiernos democráticos.
Las críticas no se hicieron esperar y ahora el gobierno de Sonora ha reculado y el gobernador morenista declarado que se encuentra en trámite la reforma que acotará dicha ley a los funcionarios públicos.
En realidad, es una reforma inútil y que no hace más que complicar un de por sí saturado e ineficiente sistema de justicia, pues en el artículo 177 del Código Penal de Sonora ya se encuentra sancionada con prisión, la revelación de información por parte de los funcionarios públicos que tengan obligación de reserva.
Todas estas reformas no son otra cosa más que patadas de ahogado, de un sistema que se ha visto rebasado por la criminalidad y que pretende engañar a la sociedad, estableciendo cada vez más penas y delitos y publicitando esto como un gran logro, cuando en la realidad de nada sirve, pues lo que sería útil para todos y satisfactorio para las víctimas del delito, es que el delincuente reciba el justo castigo que se plasma en la Ley.
Cuatro o diez años de pena de prisión en una ley de nada sirven, si el delincuente se sale con la suya y ni tan siquiera llega a ver un juez. El índice de impunidad (delitos que no son castigados) en México, está por el orden del 99%.
Parece ser que la estrategia de seguridad en México es ahora pretender que la violencia no existe y que aquel que diga lo contrario deberá ser castigado o cuando menos vituperado en la tribuna pública.
Pienso en los cientos de miles de víctimas del delito que ahora están enfrentando la indiferencia, el despotismo y la ineficacia de las autoridades y me doy cuenta de que, después de 4 años de la esperanza de 30 millones de mexicanos, esta se ve frustrada por otro líder con pies de barro.
