Dice el refrán popular que hay quien se sube a un ladrillo y se marea, refiriéndose a aquellos que llegan a una situación de privilegio sobre los demás y su trato cambia para mal, volviéndose prepotentes y soberbios, situación que se presenta continuamente en el ejercicio de la función pública.

Esto viene a colación, pues hace unos días una persona que se encuentra plenamente capacitada por sus años de estudio y práctica en su profesión, fue llamada por una institución pública, por considerarlo una persona necesaria para el servicio que administra. Acudió a las oficinas y se entrevistó con una secretaria muy amable, quien le instruyó sobre los pasos a seguir. Pero cuando estaba ordenando su documentación, se presentó otra persona, quien se identificó como funcionaria, quien en forma insolente le increpó sobre cuál era el motivo por el que se encontraba en la oficina y una vez que obtuvo la respuesta su actitud se tornó más acre, diciéndole al profesionista que primero tendría que pasar por una serie de exámenes, que sólo podía acudir a estos en ciertas fechas y que luego verían si se le daba el puesto.

Nuestro amigo se sintió ofendido por la actitud despótica de esa persona, quien demostraba total ignorancia del trato respetuoso y de la calidad de aquel a quien se dirigía. La respuesta fue en consecuencia:

—Me disculpa, pero yo fui llamado por la institución, sobre la base que esta necesita de una persona con mi especialidad y sólo tengo tiempo para hacer los análisis en tales fechas y si no le acomoda, me retiro.

Y así lo hizo.

Sucede muy común, en los aparatos burocráticos, que los puestos se asignan por motivos clientelares y no por méritos. Esto afecta gravemente la función pública y promueve la corrupción.

En este siglo los mexicanos empezamos a vivir una democracia alternativa, en la que el poder político se distribuye entre distintos grupos y parece ser que acceder tiene su costo, que hay que pagar a través de la distribución de canonjías dentro de la función pública. “Cuotas y cuates” mencionan algunos politólogos mexicanos a este fenómeno, haciendo referencia a los compromisos que tiene que cumplir quien accede al poder con aquellos que le ayudaron.

A lo anterior debe agregarse la natural desconfianza que existe hacia la burocracia establecida, que se da principalmente en los gobiernos emanados del partido de derecha Acción Nacional, quienes al acceder al poder consideran como corruptos a los funcionarios públicos que se encuentran dentro de la organización gubernamental y que se han formado sobre todo en administraciones gobernadas por el Partido Revolucionario Institucional y actúan en consecuencia, privandolos de sus puestos, para poner a quienes ellos piensan sí serán eficientes y honestos.

Esta actitud tiene un costo muy alto para los contribuyentes, pues los errores y la ineficiencia de los nuevos funcionarios se refleja en un demérito de la función pública que sólo podrá subsanarse con el paso del tiempo, que requerirá el servidor novato, para aprender a desempeñarse en la función.

Mientras tanto, los solicitantes del servicio público tendremos que tolerar los errores, la ignorancia y su hermana gemela, la soberbia, de los burócratas que no saben cumplir con su función y se marean en el ladrillo al que le subieron. Pero que además, al ser conscientes de que han llegado a ese puesto por recomendaciones clientelares, saben que su permanencia en la función será temporal y, por consecuencia, buscarán obtener beneficios que les permitan sostenerse cuando llegue el momento de abandonar el puesto que le fue asignado.

Sucede que en México no se ha aprendido a diferenciar entre la función política y el servicio público, la primera se da en relación con aquellos que pertenecen al grupo que ha accedido al poder y su labor será elaborar los planes y programas que correspondan de acuerdo a su ideología y propuestas partidarias; pero para poder lograr esto se  requiere de quien lo implemente y es precisamente en esta fase que interviene el servidor público, es decir la persona cuya carrera ha estado dedicada a la prestación del servicio dentro de la estructura gubernamental y conoce cómo funciona esta, con los conocimientos suficientes para llevar a la práctica lo propuesto por quienes han accedido a los estratos políticos del gobierno.

Debe hacerse notar que fue durante el gobierno del presidente emanado del PAN, Vicente Fox, cuando, pretendiendo regular correctamente estas situaciones, se creó la Secretaría de la Función Pública, estableciéndose, en la ley, límites para diferenciar entre quienes realizan una función política y los que son servidores públicos.

Pero este esfuerzo no ha rendido muchos frutos, pues el servicio civil de carrera ha sido menospreciado y mal entendido, a grado tal que la constitución presenta esa confusión en su artículo 108. En los inicios del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, ni siquiera se nombró titular de la Secretaría de la Función Pública y sólo se hizo cuando se tuvo que utilizar a dicha secretaría para tapar los actos de corrupción y conflictos de intereses del presidente y sus allegados, ridiculizando la importante función de esa institución con el nombramiento de Virgilio Andrade y las absurdas resoluciones que emitió, en un patético intento de salvar la imagen presidencial.

—Oscar Müller Creel es doctor en Derecho, catedrático y conferencista. Puede leer sus columnas en www.oscarmullercreel.com y puede buscar sus videos en YouTube a nombre de Oscar Müller Creel.

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