Esa madrugada del 23 de diciembre de 2008, el joven empleado bancario Hervé Falciani, su esposa e hija, subieron al automóvil y abandonaron su residencia en Ginebra, Suiza, buscando la seguridad en Francia. El día anterior, había sido detenido por agentes policiales, quienes le interrogaron sobre su trabajo en las oficinas del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), se le imputó el haber pretendido vender información privada del banco en Líbano; cuando dejó Suiza llevó consigo una gran cantidad de información en contenedores digitales, de la que se desprendían datos sobre transacciones con fuertes visos de ilicitud.

Esa información es conocida ahora como la Lista Falciani y, a partir de esta, surgió una serie de investigaciones sobre las herramientas que utiliza el banco para blindar a sus clientes contra indagaciones sobre evasión de impuestos, lavado de dinero, operaciones del crimen organizado, cárteles del narcotráfico e, incluso, terrorismo.

Las investigaciones que surgieron de la Lista Falciani tuvieron como consecuencia que el gobierno de Estados Unidos impusiera al banco sanciones relacionadas con el blanqueo de 881 millones de dólares procedentes del narcotráfico, y la Comunidad Europea, a través de su fiscalía en Bruselas, acusó al banco y sus funcionarios por una serie de delitos como fraude fiscal, blanqueo de dinero y organización criminal.

La información fue analizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de un proyecto conocido como Swiss Leaks, se concluyó que tan sólo en los periodos de noviembre de 2006 a marzo de 2007, surgieron operaciones dudosas por la cantidad de 180,600 millones de euros, relacionados con más de 100,000 clientes y 20,000 empresas utilizadas como pantalla para las operaciones.

Desde 2010, HSBC de Ginebra ha recibido una oleada de peticiones de información de Gran Bretaña, Grecia, Alemania, Austria, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Noruega y otros países.

México aparece entre aquellos países de los que ha derivado dinero para las operaciones exhibidas en esta investigación y, no en cualquier lugar, pues está en el número 30, con un monto aproximado de 2,000 millones de dólares aproximadamente y la cantidad máxima relacionada con cuentas de una sola persona, es de 596.4 millones de dólares.

Dos hombres relacionados con el poder político mexicano se ven involucrados en cuentas investigadas por Swiss Leaks.

Carlos Hank Rohn, quien es calificado por la revista Forbes como uno de los 800 hombres más ricos del planeta, es presidente de dos controladoras empresariales —Grupo Financiero Interacciones, que incluye Banca Comercial, Casa de Bolsa, Operadora de Fondos de Inversión y Aseguradora, y el Grupo Hermes, que controla empresas en las áreas constructora, de turismo, automotriz y del transporte.

La fortuna tiene sus inicios en su padre, Carlos Hank González, quien fue activo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En la administración pública, fue presidente municipal de Toluca, gobernador del Estado de México, secretario de Turismo y también ocupó una variedad de puestos administrativos en el gobierno federal Mexicano, se le consideraba como un político de extrema habilidad y fundador del Grupo Atlacomulco, al que se dice pertenece Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Se le atribuye haber sido el creador de la cínica frase “un político pobre, es un pobre político”.

Los datos proporcionados por ICIJ refieren la relación de 10 cuentas bancarias con este empresario mexicano y el manejo de 158 millones de dólares en el periodo de cuatro meses que se comprende en la información sustraída por Falciani.

En agosto del año pasado se dio a conocer por Blomberg que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una investigación respecto a la relación de City Froup Inc., uno de los más grandes emporios financieros norteamericanos, con sede en Nueva York, con dos empresas de los Grupos Financiero Interacciones e Industrial Hermes.

Aunque no fue la primera vez que las empresas de Hank Rohn estuvieran en la mira de las autoridades estadounidenses, pues en 2001 se le impuso al empresario una multa por 40 millones de dólares, la segunda más alta impuesta en el ramo, con motivo de violación a las leyes bancarias y en relación con operaciones de la empresa Laredo National Bancshares.

Otro de los empresarios que no escapa al escrutinio de ICIJ es Jaime Camil Garza, a quien se le considera, en la época del presidente Felipe Calderón como un eficaz

intermediario entre los intereses empresariales y políticos de México, lo que ha permeado en la relación de su nombre con escándalos de corrupción, el más sonado fue el pago de la empresa alemana Siemens de sobornos a la petrolera estatal PEMEX, la que derivó en demandas por la adjudicación de obras en la refinería de Cadereyta.

Camil ha mencionado que las operaciones que aparecen en HSBC de Ginebra, corresponden a negocios que realizó en Medio Oriente a principios de siglo.

ICIJ aclara en su página web que existen usos legítimos de las cuentas bancarias en Suiza y que por ende no se puede implicar que las corporaciones o personas mencionadas en la investigación hayan realizado actos fuera de la ley.

—Oscar Müller Creel es doctor en Derecho, catedrático y conferencista. Puede leer sus columnas en www.oscarmullercreel.com

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