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Una de las importantes noticias derivadas de esta semana sobre hechos que pueden incidir en la población inmigrante en Estados Unidos, es la demanda que la Ciudad de Chicago presentó ante un tribunal federal por la decisión del gobierno de Donald Trump de recortar fondos federales en materia de seguridad pública a las ciudades que llevan a cabo políticas protectoras de los inmigrantes, sea cual fuere su estatus.
En la demanda se menciona que la pretensión del gobierno federal implica una afectación a la independencia de las ciudades, pues federalizaría no sólo a los elementos policiales, sino también las instalaciones y las políticas públicas, y conlleva violaciones a los derechos de las personas, creando miedo de la comunidad hacia la Policía, lo que, a mi parecer, devendría en una inhibición de la denuncia de hechos delictuosos y, por ende, en el crecimiento del crimen, sobre todo en las zonas de población inmigrante.
Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, no está solo, pues desde que Trump anunció esta política en su campaña, la Confederación de Alcaldes de Estados Unidos tomó cartas en el asunto y el 13 de enero del 2017 emitió un memorándum en el que se concluye que las políticas del gobierno federal que pretenden implicar a los gobiernos municipales en políticas migratorias, incluyendo las que tiendan a cortar fondos federales a aquella que no se involucren en la ayuda a las autoridades migratorias, implican una contradicción a la Décima Enmienda de la Constitución Federal de dicho país.
Esta enmienda da base a lo que se conoce como Pacto Federal, determinando que: “Los poderes que la constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados, quedan reservados precisamente a los estados”.
Veamos qué significa esto: Cuando las colonias inglesas en América buscaban su libertad, tenían un obstáculo: Su propio gobierno. La corona había aplicado la regla “divide y vencerás” a cada una de las 13 colonias al otorgarles un poco de poder político, como la facultad de decidir quiénes serían algunas de sus autoridades, crear sus propias leyes en ciertas materias y juzgar algunos casos. Así, cada colonia tenía su cuota de poder, que no estaba dispuesta a ceder, lo que dificultaba la unión para pelear contra el dominio inglés. Bajo estas circunstancias, se ideó la creación de un poder central al que se le dieron facultades limitadas y el resto quedó a favor de las colonias, hoy estados.
De esta manera, son los estados, condados y municipios los que detentan el poder de organizarse políticamente, salvo aquellas materias delegadas por la constitución al Gobierno Federal.
En materia de control de la seguridad pública de sus territorios, las policías de los estados y condados son independientes de las fuerzas federales, como el FBI, DEA e ICE, las que tienen facultades perfectamente acotadas por las leyes; de ahí que si las policías locales se vieran obligadas a trabajar en acciones que corresponden a las agencias federales, se estaría dando lo que el alcalde chicaguense ha definido como una federalización de las policías y, por ende, violación a la Décima Enmienda.
Pero hay más elementos que benefician la causa defendida por la alcaldía. Estado Unidos ha ratificado el tratado internacional denominado “Convención contra Todas las Formas de Discriminación Racial”, conocida en inglés como Race Convention.
En un libro editado por Oomen, Davis y Grigolo titulado “El ascenso de las ciudades por los Derechos Humanos”, los autores refieren la Coalición de Ciudades de Estados Unidos contra el racismo, organización que se ha creado bajo el amparo del Tratado Internacional mencionado, en donde diversos alcaldes de ciudades de ese país han promovido esta forma de convivencia urbana, que reúne cualidades propias de las ciudades santuario, bajo las bases que el respeto a las personas fomenta las políticas públicas y favorece la democracia al propiciar la transparencia y la rendición de cuentas, así como la participación de la sociedad civil en el actuar gubernamental, lo que es un elemento esencial de la vida democrática moderna.
Estados Unidos como país, y sus componentes, los estados, condados y ciudades, están obligados a cumplir con ese acuerdo internacional, y las políticas del gobierno federal evidentemente contrarían esa convención.
Encontramos entonces que la demanda entablada por Chicago encuentra sustentos firmes pues las políticas federales no sólo contrarían la Constitución estadounidense, sino también el Derecho Internacional.
Emannuel mencionó que el recorte de fondos propuesto por el gobierno federal es sólo la punta del iceberg y que es necesario atacar este acto para prevenir lo que pueda venir después. Así que, enhorabuena por la lucha judicial que se ha iniciado, creo que es en beneficio de la democracia, la seguridad pública y la dignidad humana.
Crédito de la imagen destacada: Lamy Stock
