México: El polvorín y la chispa

by • agosto 6, 2017 • clase política, Criminología, cultura de México, Democracia, desgobierno, política mexicana, Sistema de JusticiaComments (0)621

Los restos de la máquina se encontraban repartidos en una amplia zona que abarcaba decenas de metros cuadrados, los fierros retorcidos y calcinados eran la más clara muestra del poder del fuego que había logrado ese efecto. Lo increíble sucedió ese 1 de mayo de 2015. Un helicóptero de las fuerzas armadas había sido derribado por el fuego del grupo criminal conocido como Jalisco Nueva Generación. Era algo que se veía venir. Siete años antes, el crimen organizado en México había utilizado por primera vez las armas de alto calibre conocidas como Barret que penetran con facilidad chalecos antibalas, materiales de construcción e incluso blindajes.

Otras aeronaves de los cuerpos de seguridad han sucedido a la caída de ese helicóptero hace ya dos años, lo que nos demuestra la gran capacidad de fuego que tienen las mafias mexicanas. Pero me surge una duda: ¿esta capacidad se encuentra únicamente en los criminales o la sociedad civil ha seguido también el camino de las armas?

Creo que existen muchos indicios que nos dan una respuesta positiva: Las denominadas autodefensas, que no son otra cosa que grupos de ciudadanos que han decidido tomar en sus manos la función de preservar la seguridad pública, ante la incapacidad del Estado para lograrlo, han surgido en muchas partes del país; otro aspecto preocupante es el constante y virulento brote de justicia por propia mano que se está apoderando de la sociedad; así, lo hemos visto en el transporte público, de las grandes urbes, decenas de casos en que los asaltantes son detenidos y golpeados por los ciudadanos hartos de la inseguridad y secuestradores y ladrones corren con igual suerte.

En muchos municipios a lo largo y ancho del país se prohíben los narcocorridos en los espectáculos públicos, por considerar que hacen apología del delito. Pero hay un trasfondo que no se toca: Ese tipo de música y la subcultura adyacente, como las novelas de narcos, el vestir o el vehículo, son muestras de una aceptación de esa actividad por parte de grandes grupos de la sociedad, generalmente los más desprotegidos. Ante este panorama, me pregunto ¿es posible que se esté presentando en el país una alianza entre los grupos criminales y una parte de la sociedad civil?

Otro elemento que forma parte de esta explosiva mezcla es la intervención de las fuerzas armadas en actividades propias de la seguridad pública, que se ha presentado desde los años noventa, pero que, en la época del presidente Felipe Calderón, se acentúo. En el Plan Nacional de Desarrollo emitido durante esa presidencia, se reconocía la falta de capacidad de los cuerpos policiales para combatir la criminalidad organizada y, por consecuencia, la necesidad que fuesen las Fuerzas Armadas las que intervinieran en el combate al crimen organizado, dando así a este combate un matiz de guerra que es más propio de un país que está en una revolución interna que en tiempos de paz.

“Mi orden de cateo es el marro” afirmó así el General del Ejército Jorge Juárez Loera, al hacerse cargo en el 2008 del Operativo Chihuahua, que daba paso a la permanencia de las fuerzas armadas en el combate al crimen en esa región. Esa expresión fue el preludio de algo que se veía en el panorama de los Derechos Humanos en México, desprecio hacia la dignidad de la persona, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, procesos penales sustentados en pruebas prefabricadas y mucho más.

Las fuerzas armadas, que antes habían sido de las instituciones más respetadas por la ciudadanía, empezaron a perder prestigio, la comunidad vio al ejército con temor y los organismos de Derechos Humanos se vieron saturado de quejas por violaciones derivadas de este. Un poder tenía el ejército, juzgar a sus propios elementos y así, si algún militar violentaba la ley, era procesado ante los tribunales castrenses, bajo un velo de opacidad, en violación al derecho de justicia de las víctimas civiles, cuya intervención en el proceso era nulificada. Sin embargo, esto se acabó luego que se reformó la legislación para que fuesen los jueces comunes quienes juzgaran los casos en que un miembro del ejército había violentado los derechos de un ciudadano. El poder de la impunidad por violaciones a los derechos de las personas se diluía.

Otros elementos han influido para crear un gran malestar en las fuerzas armadas, los organismos internacionales, tanto oficiales como privados, han sacado a la luz pública el mal actuar de los organismos militares en las operaciones de seguridad pública y, en la actualidad, los dirigentes del Ejército y la Marina exigen se le otorgue un marco jurídico que se les ha negado, pues la Ley de Seguridad Interior, se ha quedado en un proyecto que duerme el sueño de los justos en el Congreso Federal.

A esta combinación de elementos, hay que sumar un sistema democrático desprestigiado y manipulado por los políticos. Las últimas elecciones han dejado malestar en gran parte de la sociedad, los partidos políticos excediéndose en los gastos de campaña, con fondos provenientes de no se sabe dónde y unas elecciones que han dado el triunfo al partido oficialista por escasos márgenes, que dan base para alegar fraudes.

Una criminalidad poderosa, una sociedad sedienta de seguridad y justicia y un ejercito dolido, son los elementos que han formado la mezcla explosiva y solo falta la chispa, un líder mesiánico y populista que se erija como el salvador de la sociedad y creo que esa chispa ya tiene nombre y cara: Andrés Manuel López Obrador.

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